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La cúpula fiscal de España apoya la querella contra Artur Mas por el 9-N
La cúpula de la Fiscalía de España ha apoyado la decisión del fiscal general Eduardo Torres-Dulce de interponer una querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por celebrar la consulta del 9-N.
La propuesta del fiscal general fue respaldada casi de manera unánime por la Junta de Fiscales de Sala, que, a diferencia de los nueve fiscales del Tribunal Supremo de Justicia catalán, ven indicios de delito en la actuación de Artur Mas.
El fiscal general defendió la acción penal contra Mas, contra su número dos, Joana Ortega, y contra la consejera de Educación, Irene Rigau, al considerar que la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional "no dejaba ningún margen a la duda". Según él, ellos cometieron un delito de desobediencia, además de prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
El lunes Artur Mas recibió la respuesta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la carta que le envió hace una semana. En ella Rajoy le vuelve a reiterar que la soberanía nacional no es negociable. Ese mismo día el fiscal general convocó a la Junta de Fiscales de Sala para presentar una querella contra el presidente de la Generalitat.
El periodista Gustavo Morales comenta a RT que esta decisión "forma parte del proceso de timidez que se ha apoderado del Gobierno de Rajoy, porque pretende judicializar sus decisiones y no tomar decisiones que corresponden directamente al ejecutivo". De este modo, agrega, el Gobierno central pretende "castigar la desobediencia flagrante de Artur Mas".
El pasado 9 de noviembre Cataluña celebró una consulta soberanista que, a pesar de no ser oficial y no tener carácter vinculante, representó una victoria simbólica para los sectores independentistas. El 80,76% de los votantes dieron el doble "sí" a las preguntas "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "¿Quiere que este Estado sea independiente?".
El fiscal general defendió la acción penal contra Mas, contra su número dos, Joana Ortega, y contra la consejera de Educación, Irene Rigau, al considerar que la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional "no dejaba ningún margen a la duda". Según él, ellos cometieron un delito de desobediencia, además de prevaricación, malversación y usurpación de funciones.
El lunes Artur Mas recibió la respuesta del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, a la carta que le envió hace una semana. En ella Rajoy le vuelve a reiterar que la soberanía nacional no es negociable. Ese mismo día el fiscal general convocó a la Junta de Fiscales de Sala para presentar una querella contra el presidente de la Generalitat.
El periodista Gustavo Morales comenta a RT que esta decisión "forma parte del proceso de timidez que se ha apoderado del Gobierno de Rajoy, porque pretende judicializar sus decisiones y no tomar decisiones que corresponden directamente al ejecutivo". De este modo, agrega, el Gobierno central pretende "castigar la desobediencia flagrante de Artur Mas".
El pasado 9 de noviembre Cataluña celebró una consulta soberanista que, a pesar de no ser oficial y no tener carácter vinculante, representó una victoria simbólica para los sectores independentistas. El 80,76% de los votantes dieron el doble "sí" a las preguntas "¿Quiere que Cataluña sea un Estado?" y "¿Quiere que este Estado sea independiente?".
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