"Con vida se los llevaron y con vida los queremos. Si yo admito que los mataron estoy reconociendo unos crímenes de estado tan graves que indican que en México no hay democracia sino otra cosa". Es la respuesta de la diputada federal Lilia Aguilar Gil, del Partido de los Trabajadores, sobre la desaparición y el supuesto asesinato de los 43 estudiantes de magisterio de la escuela normal rural de Ayotzinapa, estado de Guerrero, informa el portal de noticias Cuartopoder. Aguilar forma parte de la comisión del Congreso encargada de investigar lo ocurrido y establecer responsabilidades políticas.
México está sumergido en una ola de protestas ante la indolencia de las autoridades del estado de Guerrero y de los responsables federales, incluido el presidente Enrique Peña Nieto.
"Las cosas no pueden continuar así: la movilización y la indignación de los mexicanos debe servir para investigar hasta dónde llega el crimen organizado y para limpiar las estructuras del poder”, asegura la diputada. Aguilar está convencida de que quienes dieron la orden de las terribles “desapariciones forzadas” –atribuida por la Fiscalía General de México al alcalde de la ciudad de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa– son solo la punta del iceberg de una criminalidad política vinculada a las mafias y el narcotráfico que corroe y corrompe a los partidos políticos.
Tras reunirse con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios, la diputada afirmó que "el Estado fue partícipe de la desaparición forzosa a través de la Policía municipal de Iguala y no ha cumplido los protocolos internacionales de búsqueda". "Todo ha sido una cadena de despropósitos tan sospechosos y casuales como supuestamente intencionados”, afirmó.