El proyecto de ley busca suspender visas y congelar activos en EE.UU. a al menos 56 funcionarios venezolanos acusados por Washington de violaciones de los derechos humanos durante las protestas que estallaron este año en el país latinoamericano.
El canciller venezolano, Rafael Ramírez, ha rechazado estas posibles sanciones y ha dicho que le resulta irónico que esta ley se apruebe justamente cuando se revela un informe sobre las torturas llevadas a cabo por la CIA y sobra otras violaciones de los derechos humanos en el país norteamericano. "EE.UU. ha utilizado de una manera permanente y sistemática la tortura y la violencia física y toda la violación contra todos los derechos humanos", dijo el ministro.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que su país "no acepta sanciones imponentes imperialistas; es la patria de Bolívar, que ustedes deben aprender a respetar. Somos los herederos del Ayacucho, somos los hijos de Bolívar, de Chávez".
Dirigiéndose a su homólogo estadounidense, Barack Obama, que debe firmar la iniciativa para que la resolución se convierta en ley, el presidente venezolano dijo lo siguiente: "Creo que si se impone la locura de las sanciones, presidente Obama, saldrán muy mal parados, porque quien toca la tecla de la moral y del amor patrio a los venezolanos está jugando con la historia".
Sin embargo, las fuentes del Gobierno de EE.UU. confirmaron a CNN que Obama sí tiene previsto promulgar el documento.
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, que figura como una de los posibles sancionados, dijo a RT que lo único que pretende esta ley es apoyar a los grupos más radicales de la oposición.