Gobierno colombiano decidirá futuro de tratado militar con EE. UU.
El Gobierno colombiano está considerando la posibilidad de iniciar el trámite parlamentario para hacer efectivo el acuerdo con Estados Unidos sobre bases militares, invalidado el martes por la Corte Constitucional de Colombia.
El controvertido documento, que contempla el uso de siete bases colombianas por parte de tropas estadounidenses para la lucha contra el narcotráfico y terrorismo, fue remitido por el alto tribunal al presidente Juan Manuel Santos para que la Presidencia lo apruebe en el Congreso.
Germán Vargas, ministro colombiano del Interior y de Justicia, expresó que el Gobierno "deberá tomar una determinación muy pronto" si acepta que el convenio tiene rango de tratado, como lo consideró el alto tribunal. La Presidencia debe decidir si iniciar el trámite parlamentario o abstenerse de hacerlo.
Este tratado había sido defendido por el gobierno del ahora ex presidente colombiano Álvaro Uribe, como complementario de uno que está en vigor desde 1974. El texto fue rechazado por el Tribunal Constitucional, que consideró que el tratado del 2009 es un nuevo acuerdo. Uribe firmó el documento y estuvo dispuesto a hacerlo efectivo sin previa aprobación parlamentaria.
Washington también espera que Colombia detalle sus planes sobre cómo proceder con el acuerdo militar.
El portavoz del Departamento de Estado para Latinoamérica, Charles Luoma-Overstreet, indicó a la agencia EFE que el Gobierno del presidente Barack Obama está pendiente de que el presidente Juan Manuel Santos se pronuncie sobre el dictamen de la Corte Constitucional de Colombia para evaluar los próximos pasos.
Hasta entonces "nuestra estrecha cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos preexistentes", dijo el vocero.
Al firmarse el convenio el pasado 30 de octubre, la medida provocó preocupaciones en países vecinos como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, que ven la posible presencia de tropas estadounidenses como amenaza a la soberanía de la región. Tal perspectiva hasta desembocó en un congelamiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y el asunto del convenio se puso en la agenda de la Unión de Naciones Suramericanas.
Uribe dejó el poder el 7 de agosto, fecha cuando asumió su correligionario y ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien siempre defendió el convenio como complementario del que estaba en vigor desde 1974.