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Andalucía compensará a las víctimas del franquismo

Publicado: 22 sep 2010 02:14 GMT

Este martes, 21 de septiembre, el Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía (sur de España), ha aprobado un decreto conforme al cual las mujeres que sufrieron humillaciones en los años del franquismo, podrán recibir una compensación, según informa la agencia EFE.

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Este martes, 21 de septiembre, el Gobierno de la comunidad autónoma de Andalucía (sur de España), ha aprobado un decreto conforme al cual las mujeres que sufrieron humillaciones en los años del franquismo, podrán recibir una compensación, según  informa la agencia EFE.

De acuerdo con el documento, aprobado por el Ejecutivo andaluz, las mujeres que en los años de la Guerra civil en España (1936-1939) y en los primeros años del franquismo (hasta el 1950) sufrieron cualquier forma de humillación (por ejemplo, las rapaban y ‘exponían’ en lugares públicos, o las obligaban a tomar aceite de ricino), podrán recibir una compensación de 1.800 euros. La mayoría de ellas no habían cometido ningún tipo de crimen pero sin embargo eran sometidas a diferentes torturas, tanto físicas como morales, tan sólo por ser familiares de los republicanos, los enemigos de Franco en la Guerra Civil.

Según el consejero de Justicia del Gobierno autónomo, Luis Pizarro, “es una suma simbólica, pero no se trata tan sólo de una compensación económica, es más bien una deuda moral de la sociedad ante estas mujeres que en silencio sufrían todas las penas de la vida y gracias a la labor silenciosa de las cuales finalmente hemos podido construir la democracia en nuestro país”.

En 2001 el la Junta de Andalucía ya había aprobado un documento similar según el cual los que en los años del franquismo pasaron a través de cárceles y campos de concentración por sus convicciones políticas o simplemente por su parentesco con los republicanos, tienen derecho a una compensación de también 1.800 euros. Para recibir este monto es suficiente mostrar cualquier certificado de que la persona había sido sometida a humillaciones por parte de las autoridades, incluidos los testimonios de terceras personas.

Esta vez para la revisión de las solicitudes y certificados las autoridades andaluzas crearán una comisión especializada donde las solicitudes deberán ser presentadas en 3 meses tras la publicación del decreto. La comisión tardará 3 meses como máximo para adoptar una decisión.

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