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Se advierte la irresponsabilidad común y particular en la ONU

Publicado: 25 sep 2010 04:25 GMT

Pérdidas de billones de dólares en compra de armamento en vez de canalizarlos a objetivos humanitarios y la exigencia de una ‘fuerte’ reforma de la ONU y, en especial, de su ‘Consejo de inseguridad’ eran los temas claves del día tres del pleno de la Asamblea General.

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Pérdidas de billones de dólares en compra de armamento en vez de canalizarlos a objetivos humanitarios y la exigencia de una ‘fuerte’ reforma de la ONU y, en especial, de su ‘Consejo de inseguridad’ eran los temas claves del día tres del pleno de la Asamblea General.

Los gastos militares de los estados miembros de las Naciones Unidas han crecido un 50% en 10 años, advirtió el secretario general de la ONU Ban Ki-moon ante una consulta convocada en el marco de la Asamblea General para reanudar el trabajo de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Ahora son de 1,5 billones de dólares anuales, mientras había siempre otra opción mejor para canalizar aquellos recursos.

“Imagínense lo que se podría hacer —propuso Ban— si esa cantidad se dedicara a reducir la pobreza, mitigar los efectos del cambio climático, a la seguridad alimentaria o al desarrollo global”.

Dentro de ese proyecto de Ginebra solo hace poco más de un año, por primera vez desde 2000, sus 65 países participantes lograron acordar una agenda de trabajo que explicaba lo que se comprende bajo el desarme, destacó Ban. Antes todos habían tenido en cuenta diversas cosas: reducción del número de cabezas, carrera armamentística en el espacio y un tratado sobre prohibición de producir material fisible destinado al armamento nuclear. Y ahora el proceso sufrió un nuevo parón por la inesperada actitud de Pakistán de bloquear cualquier avance, al pedir que se vuelva a discutir el temario acordado.

Argentina y Bolivia se sumaron en el pleno del 25 de septiembre a las denuncias de muchos países en vías de desarrollo de que un grupo de naciones no puede seguir detentando el poder mundial y que reclaman una reforma profunda del Consejo de Seguridad.

Para el presidente boliviano, Evo Morales, es un ‘Consejo de inseguridad’ por lo que ‘hay que acabar’ con este órgano, como consecuencia de que responde a los intereses de Estados Unidos y no de la seguridad mundial. Su homólogo de Colombia, Juan Manuel Santos, se expresó por quitar esa disconformidad del organismo internacional a través de remedios reducidos. En particular, propuso aportar la voz de América Latina y el Caribe a través de la cooptación de su país en el Consejo como es en lo actual.

La estructura de las Naciones Unidas fue severamente criticada asimismo por Cristina Fernández, la mandataria argentina. Insistió que el escenario mundial había cambiado mucho. “Quienes estaban sentados tenían la posibilidad ante un botón colorado de provocar un holocausto nuclear. Era un mundo bipolar que hoy ya no existe”, remarcó.

En su discurso surgió de nuevo y en un nuevo aspecto, en el marco de la Asamblea General, la cuestión de la responsabilidad internacional de Irán. Tras recordar la negativa del Gobierno de aquel país de entregar a los sospechosos de los atentados contra judíos en Buenos Aires de 1992 y 1994 a la justicia argentina, la presidenta de esta nación, Cristina Fernández, propuso juzgarlos en un tercer país.

Fernández pidió a Irán “acceder a que se elija de un común acuerdo entre ambos países un tercer Estado donde las garantías de un debido proceso" estén aseguradas. La mandataria enfatizó que la propuesta argentina no era una construcción jurídica inédita sino que tenía antecedentes internacionales. Citó como ejemplo el caso del atentado de Lockerbie perpetrado en 1992 por los ciudadanos libios contra un avión de la PanAmerican: los autores del crimen fueron juzgados en Escocia.

Entre los acusados por la justicia bonaerense de haber participado en los atentados a la embajada de Israel en 1992 o a la Asociación Mutual Israelita Argentina en 1994 se encuentran varios ex funcionarios y —lo más enojoso— un alto funcionario vigente que es Ahmad Vahidi, nombrado ministro de Defensa en septiembre pasado. Desde el propio accidente Teherán se ha encontrado bajo sospecha de que estaba implicado en la organización al menos del último de los atentados que dejó 85 muertos y 300 heridos.

Desde hace años Argentina ha insistido para que la República Islámica detenga y extradite a los sospechosos, y ésta ha rechazado el pedido argentino.

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