Promulgada la polémica ley contra el racismo en Bolivia
Evo Morales promulgó una señalada y polémica ley contra el racismo en búsqueda de la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas, según explicó él mismo en la ceremonia de la firma. La importancia que el Gobierno socialista dio a esta nueva legislación se expresó en la publicidad excepcional del solemne acto.
Asistían al procedimiento de la promulgación los ministros de su gabinete, diputados y senadores, representantes de movimientos afines. La iniciativa lo merecía: la reivindicación de derechos de los grupos étnicos discriminados había sido un punto clave de la plataforma electoral de Morales. Al mismo tiempo la oposición al documento fuera del despacho presidencial superó esta vez todos los casos de protesta masiva contra la actividad anterior de Morales.
Periodistas y ejecutivos de medios de comunicación aseveran que no se oponen a toda la ley, en la medida que también están contra el racismo, sino que les preocupa el derecho de juzgar a vivos y muertos que se le otorga a la autoridad por el documento. Así, el artículo 16 de la norma establece sanciones económicas y hasta el cierre de periódicos o emisoras de radio y TV que publiquen lo que las autoridades nacionales, locales o judiciales de todos los niveles califiquen como 'ideas racistas y discriminatorias'. Es más, de acuerdo con la cláusula 23 los informadores y propietarios de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados. Todo eso crearía una oportunidad para ciertas decisiones arbitrarias por parte del poder contra los medios informativos indeseables, opinan en el campo opositor.
A la vista de que la oposición considera toda la iniciativa solamente como una carta blanca a una justicia administrativa ilimitada, el mandatario aseguró que la libertad de expresión sigue estando garantizada por la constitución y las nuevas normas no la coartan de ninguna manera. En su discurso al respecto, Morales señaló “muchas diferencias” entre los sectores que han debatido la nueva norma, y al mismo tiempo reiteró que “sólo busca la igualdad entre los bolivianos y las bolivianas”, lo que hará que haya una “verdadera democracia” en el país.
Ya en vísperas de la ceremonia de firma del documento la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia había anunciado que recolectaría firmas de la población para pedir al Congreso un referendo sobre la vigencia de esos dos polémicos artículos que en los círculos mediáticos consideran una 'mordaza' para la prensa. Luego de su promulgación, la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia ratificó su rechazo a la norma como inconstitucional. Actualmente está preparando una queja formal ante la Organización de Estados Americanos.