El 10 de octubre, Virginia Phillips, jueza federal del estado de California, declaró inconstitucional la ley conocida como "Don’t Ask, Don’t Tell” (No preguntes, no digas), que prohíbe servir en el Ejército de Estados Unidos a los gays y lesbianas que declaren abiertamente su orientación sexual.
El Departamento de Justicia fracasó el mes pasado de impedir que la juez suspendiera esta decisión, afirmando que esta medida pondrá en peligro las vidas de los soldados durante las misiones de combate en el extranjero.
Como era de esperar, el fallo de la jueza fue aplaudido por organizaciones que defienden los derechos de los homosexuales. Durante su campaña electoral de 2008, el actual presidente de los EE. UU., Barack Obama, también se comprometió a anular esta ley. Sin embargo, ahora su administración trata de suspender su anulación desde el Congreso.
"Estoy muy convencido de que esta es una acción que necesita ser tomada por el Congreso y que necesita una preparación cuidadosa y mucha formación. Tiene enormes consecuencias para los militares", dijo el secretario de Defensa estadounidense, Robert Gates, citado por el diario The Wall Street Journal.
El fallo histórico de la magistrada Phillips insta “a la suspensión inmediata de cualquier investigación, despido, separación u otro proceso” que tenga relación a la mencionada ley. Ello quiere decir que si un militar revela su orientación sexual no podrá ser despedido a partir de este momento, aunque formalmente la norma de "Don't Ask, Don't Tell" aún siga vigente.
A partir del mismo surgimiento del ejército estadounidense y hasta la implantación de la ley "Don't Ask, Don't Tell", en 1993, los homosexuales tenían prohibido realizar el servicio militar. Pero, con la aprobación de esta norma se lea prohibió estar al mando y a los compañeros de militares preguntar a los militares sobre su orientación sexual.