Pasados casi cuatro años desde que el Gobierno federal comenzara una serie de investigaciones y procesos judiciales contra la compañía Blackwater, cuyo personal ha sido acusado de asesinatos y otros delitos violentos en Irak y Afganistán, los casos están empezando a ‘desmoronarse’ debido a los obstáculos legales creados por la propia Administración estadounidense, comunica The New York Times.
Entre los casos más recientes, desestimados por el Departamento de Justicia, figura el de Andrew J. Moonen, especialista en armas de Blackwater acusado de matar a un guardia del vicepresidente iraquí en diciembre de 2006. Los funcionarios de Justicia anunciaron que renuncian al caso tras una investigación que había comenzado a principios de 2007, e incluía viajes a Bagdad de los fiscales federales y agentes del FBI para interrogar a los testigos iraquíes.
Tras la decisión gubernamental de abandonar el 'caso Moonen' vinieron otras ‘derrotas judiciales’ relacionadas con los ex agentes de Blackwater (conocido actualmente como Xe Services).
Las entrevistas con los abogados involucrados en los casos y la revisión de algunos expedientes muestran que los fiscales federales no logran superar una serie de obstáculos legales, que incluye dificultades de obtener pruebas fiables en las zonas de guerra, limitaciones procesales de los tribunales estadounidenses incapaces de superar la ‘inmunidad fiscal’ que había sido otorgada a los demandados por las autoridades estadounidenses.
"El campo de batalla", dijo Charles Rose, profesor de la Universidad de Stetson College of Law en Florida, "no es un lugar idóneo para preservar pruebas durante largo tiempo".
La dificultad de estos casos también se debe a los escollos jurídicos que se plantean por la contratación cada vez mayor de los contratistas privados en zonas de guerra, a quienes el Gobierno estadounidense concede deliberadamente distintos grados de 'inmunidad', lo que sucedió en el 'caso Moonen'.
"Una vez que otorgas la inmunidad, es muy difícil juzgar al acusado", dijo Andrew Leipold, profesor de derecho en la Universidad de Illinois. “La acción judicial en estos casos es casi inoperante”, añade él.
Aunque los funcionarios de Justicia señalan que el Ejecutivo sí que había tenido una serie de sentencias condenatorias en contra de los contratistas en Irak y Afganistán (más de 120 empresas han sido acusadas por el Departamento de Justicia por fraude, prevaricación y delitos relacionados con actividades contractuales en Irak, Afganistán y Kuwait), sin embargo, "hay serias dificultades en el procesamiento de casos cometidos en la zona de guerra", puntualizan ellos.
"Hay problemas con la disponibilidad de testigos y pruebas, así como con el grado de veracidad de las acusaciones. Además los acusados tienen derecho a la legítima defensa". Por ejemplo, el argumento de haber disparado en defensa propia -que frecuentemente alegan los agentes de Blackwater- es uno de los más difíciles de denegar o refutar.
Otro problema es puramente jurisdiccional. Dado que los miembros de estas compañías de seguridad privada están contratados por el Departamento de Esta, no están sometidos a la legislación, en particular, a la Ley de Jurisdicción Militar Extraterritorial, que rige las acciones de los agentes que trabajan en el extranjero para el Ministerio de Defensa.
Eric Jensen, catedrático de Derecho en la Universidad de Fordham señaló la existencia de ese preocupante vacío legal. Según él, “hasta el momento el Congreso estadounidense ha fracasado en sus intentos de dar solución legal al tema que sigue siendo muy candente”.