La Corte Federal revisa la apelación de Brewer sobre la Ley de Arizona
En la presente lucha por retener el control en el Congreso estadounidense una de las principales protagonistas es, sin duda, la controvertida ley de Arizona sobre la inmigración que no ha cesado de provocar un intenso debate nacional.
Este lunes 1 de noviembre la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha presentado en la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco sus argumentos contra un fallo judicial que en julio de este año suspendió partes de la ley migratoria del estado, resultado de la demanda presentada por el Departamento de Justicia federal.
La apelación entregada por los abogados de Brewer ante el tribunal solicita que se levanten las restricciones dictadas por la jueza Susan Bolton que, entre otras cosas, impiden que la policía del estado pueda detener a cualquier sospechoso de estar de manera ilegal en el país.
Los defensores de la gobernadora alegan que la jueza federal se equivocó al aceptar la suposición de que la ley podía crear problemas a los inmigrantes ilegales y suponer que el Gobierno federal triunfaría en todo caso en su demanda, mientras que los abogados del Departamento de Justicia acentuaron su posición en que la ley, que fue diseñada para involucrar a la policía local en la lucha contra los 'sin papeles' dañaría las relaciones de Estados Unidos con México y otros países. Otro argumento de los últimos fue que las leyes federales siempre tienen precedencia sobre las estatales.
De este modo el ‘debate judicial’ de este lunes se centró en si los estados podían tomar por sí mismos decisiones y medidas propias para hacer cumplir las leyes federales.
“Si yo no pago mis impuestos al Gobierno federal, puede California venir y demandarme?”, preguntó el Juez Calos T.Bea a lo que John J. Bruma, abogado de Arizona le respondió: “No creo que California tenga algún interés en hacerlo”.
Otros temas de debate fueron algunas ambigüedades en la terminología de la normativa o el plazo que, según la instancia, permite a los oficiales locales detener a los sospechosos indocumentados.
Cualquiera que sea el resultado Jan Brewer no está dispuesta a rendirse. La mandataria del estado que compareció ante el tribunal "en nombre del pueblo de Arizona", según sus propias palabras, aseguró que llegará hasta la Corte Suprema en caso de que sea necesario.
La ley SB 1070 fue promulgada en abril por la funcionaria estatal bajo el argumento de que es una legislación que protege a los ciudadanos de Arizona y a todos los que están ese estado de forma legal. Entró en vigor el 29 de julio de 2010, aunque el 28 de julio 24 horas antes la jueza Susan Bolton ordenó la suspensión de las cláusulas más polémicas de la norma que criminaliza la inmigración.
Se considera que en Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes hay alrededor de casi 11 millones de ciudadanos indocumentados.