Al menos nueve personas en Kosovo, incluido un ex oficial sanitario, son sospechosos de estar implicados en una red internacional que vendía órganos humanos obtenidos por el engaño a personas pobres.
El grupo criminal tentaba a personas en otros países a entregar sus riñones para transplantes a cambio de dinero y les llevaban a Kosovo, donde eran sometidos a cirugía. Habría unas 20 personas de Moldavia, Kazajistán, Rusia y Turquía, engañadas en 2008, que se encontraban en condiciones de pobreza extrema o problemas financieros agudos, informó la agencia AP.
A las víctimas les prometían hasta 20.000 dólares, mientras que los receptores de los órganos pagaban entre 110.000 y 137.000 dólares por los transplantes.
Fiscales de la Unión Europea, que tiene un contingente de unos 2.000 policías, jueces y fiscales en el país que proclamó unilateralmente independencia de Serbia en 2008, solicitaron testimonios a las autoridades de Canadá, Alemania, Kazajistán y Turquía, incluido el acceso a los correos electrónicos en los servidores de Estados Unidos de dos de los sospechosos.
Aunque siete de los sospechosos tienen cinco cargos pendientes de tráfico ilegal de personas, abuso de poder y actividad médica ilegal, no están detenidos.
Las leyes de Kosovo prohíben remover o trasplantar órganos humanos.
Los sospechosos incluyen a ciudadanos de Kosovo, Israel y Turquía, e incluyen a médicos que figuraban en la redada a una clínica privada en noviembre de 2008, indicada por un turco que había entregado su riñón.
Anteriormente, aparecieron acusaciones en Belgrado, capital de Serbia, de que los miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, que luchaba contra los serbios en los 90, secuestraban a civiles serbios y les mataban para vender sus órganos.
Semejantes acusaciones se reflejaron en el libro The Hunt: Me and the War Criminals escrito por Carla Del Ponte, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY), quien denunció que existieron instancias de tráfico de órganos en 1999 tras el fin de la Guerra de Kosovo.
Estas acusaciones fueron negadas por autoridades kosovares y albanesas, mientras que el TPIY sostuvo que no había sido obtenida evidencia confiable que probara las acusaciones.