El Ministro ruso del Exterior, Serguéi Lavrov, considera que el arresto de la presunta espía rusa Katia Zatuliveter no fue casual, sobre todo en el período de los cambios positivos en las relaciones entre Rusia y Gran Bretaña. Sin embargo, en una rueda de prensa Lavrov declaró que el país prestará ayuda a la joven detenida en el caso de que resulte ser ciudadana rusa: “De momento estamos averiguando si es ciudadana nuestra, en caso positivo, le aseguraremos ayuda consular y vamos a hablar con ella”.
Según algunos expertos, en el caso de que se confirme la infiltración de Katia Zatuliveter en el aparato gubernamental británico con fines de espionaje para Rusia, las relaciones entre Moscú y Londres podrían volver a deteriorarse después de haber experimentado una considerable mejora durante los últimos años. Comentando este tema, Lavrov dijo que no estaba sorprendido: “No es el primer caso, cuando se crean tendencias positivas alguien hace algo…”
En Gran Bretaña la semana pasada fue arrestada Katia Zatuliveter, de 25 años de edad, por un presunto intento de infiltración en los aparatos gubernamentales del Reino Unido.
La joven trabajó como asistente de Mike Hancock, un diputado del Partido Liberal Demócrata. Según la inteligencia británica, Zatuliveter se ganó intencionadamente la confianza del político de 64 años de edad, ya que éste es conocido por sus opiniones pro-rusas y supuestamente transmitía información secreta relacionada con la política británica.
Según los medios de comunicación británicos, "Hancock participó de reuniones secretas como miembro del Comité de Defensa de la Cámara de Diputados" y, por eso, tanto él como Zatuliveter "tuvieron acceso a información confidencial sobre la defensa del país".
En la actualidad, el Ministerio del Interior británico está adoptando las medidas necesarias para deportar a la mujer. Sin embargo, la supuesta espía y su ex jefe rechazan cualquier culpa; Hancock afirma que Katia "no ha hecho nada malo”. La joven ya ha presentado una apelación contra su deportación.
Se trata del segundo escándalo de este año. A finales de junio las autoridades estadounidenses detuvieron, y más tarde deportaron, a 10 personas que confesaron haber trabajado para Rusia.