EE. UU. endurece sus leyes para castigar a Assange

Mientras que el 'enemigo público número uno del Pentágono', Julian Assange, espera juicio, primero arrestado y más tarde liberado bajo fianza en el Reino Unido, Estados Unidos moviliza sus esfuerzos para lograr su extradición y condenarle de acuerdo con su legislación por espionaje o terrorismo. Sin embargo los acusadores estadounidenses todavía no han encontrado ninguna ley para hacerle responsable de actos delictivos y en esta situación hasta abogan por cambiar las actuales leyes del país.   Según Mark Stephens, el defensor del fundador de la polémica página WikiLeaks, se formó "un gran jurado en secreto" cerca de Washington para definir los cargos que podrían presentarse contra su cliente. Además, expresó su temor de que con la presentación de las acusaciones oficiales por parte estadounidense, la administración sueca, que actualmente solicita extraditar a Assange para juzgarle por delitos sexuales, "ceda" ante el poder norteamericano y entregue a su defendido a EE. UU.   Stephens indicó también que en primer lugar los fiscales estadounidenses le inculparían por cargos de espionaje por haber publicado los documentos diplomáticos. Esto podría ser considerado como una violación de la Ley de Espionaje que está en vigor allí desde 1917 y determina una pena por conservar y divulgar datos relacionados con la seguridad nacional.   Al mismo tiempo, según aseguran los analistas, este documento parece "traído por los pelos" para el caso del fundador de WikiLeaks: hasta ahora se aplicó sólo contra los funcionarios gubernatales que incurrieron en una filtración de información y aún no se ha podido saber de un caso contra un destinario de datos secretos.   Tras tenerlo en cuenta, encontraron otra salida: hace una semana el Congreso de EE. UU. presentó un proyecto de ley que considera ilegal la publicación de los nombres de los agentes que consigen la información necesaria para los serviciois militares o secretos estadounidenses. De acuerdo con algunos legisladores, esto podría permitir "enjuiciar a la gente que expone a algún peligro a las fuentes de datos importantes para la protección de los intereses nacionales".    Sin embargo, en este caso habría que proceder, además, contra los medios de comunicación norteamericanos, en particular contra el influyente periódico The New York Times, que recibió y divulgó los datos de WikiLeaks. Los expertos ya han equiparado esta situación con un "intento de establecer la censura": precisamente de este modo denominó las medidas contra el portal y su director la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navy Pillay.   Sus palabras quedan corroboradas por las órdenes del Departamento de Estado que prohibió a sus empleados leer los cables filtrados publicados por WikiLeaks y del mando del Ejército que, según el blog Gawker, hizo lo mismo respecto a los militares.   Hasta las acciones de las universidades que, por su parte, extendieron la prohibición de WikiLeaks, advertiendo a los alumonos de que la discusión de los materiales que publica el portal web puede causar serios obstáculos a la hora de buscar trabajo en el Gobierno estadounidense. "Si no siguen este consejo, esto pondrá en duda su capacidad de operar con una información confidencial, condición necesaria para trabajar en el Gobierno", tal y como escribió en su carta a los estudianes de la Universidad de Columbia un representante oficial del Departamento de Estado.