Medvédev firma la Ley de la Policía que entrará en vigor en marzo
El presidente ruso, Dmitri Medvédev, firmó la Ley de la Policía. A partir de marzo de 2011, la 'militsiya’ (el nombre de las fuerzas de orden público rusas) pasará a formar parte de la historia mientras que la ‘policía’ volverá a controlar la seguridad pública del país.
La polémica ley fue una iniciativa del presidente que implica no sólo el cambio del nombre sino la reforma de todo el sistema. Los objetivos claves de la ley son reducir la corrupción dentro del organismo, aumentar la seguridad en todo el país y recuperar la confianza de la población.
La ley determina el marco de la actividad policial, establece los deberes y derechos de los policías, así como sus normas de su conducta. Desde que apareció el proyecto de ley, se han realizado varias enmiendas.
Para empezar la reforma, los policías serán sometidos a pruebas especiales. Los resultados permitirán despedir a los agentes que no aprueben, reduciendo así su número en un 20%.
La nueva ley también precisa los motivos que permitirán a los agentes entrar en las viviendas y locales privados. Aparte de avisar de sus intenciones (a excepción de situaciones de emergencia) antes de entrar, 24 horas después de la intervención los policías deberán informar sobre el hecho al ministerio fiscal.
Además, la Ley Sobre la Policía prevé la ‘advertencia de Miranda’ que garantiza a la persona detenida "una conversación telefónica" con sus familiares o gente próxima, en lugar de una "llamada" (independientemente de que esta fuera contestada o no), como ocurría hasta el momento.
Los policías podrán pedir información sobre las operaciones bancarias de personas jurídicas y empresarios individuales sólo al detectar crímenes fiscales y para evitarlos. Antes, se suponía que también era posible hacerlo para anticipar tales delitos.
La ley entra en vigor el 1 de marzo de 2011, aunque el cambio del nombre, uniforme e imagen institucional en general, se producirá sólo a partir del mes de diciembre. La reforma le costará al Gobierno ruso unos 7.000 millones de dólares.