La repentina llegada de más de 5.000 tunecinos en cinco días a la isla italiana de Lampedusa ha reabierto el debate sobre la inmigración ilegal en la Unión Europea. El Gobierno italiano instó a frenar el creciente flujo de inmigrantes indocumentados y propuso desplegar policías italianos en los territorios tunecinos.
El ministro del Interior de Italia, Roberto Maroni, miembro del partido antiinmigrantes La Liga Norte, confesó en una entrevista que pediría al Gobierno tunecino autorización para que las fuerzas italianas puedan "intervenir en Túnez para bloquear los flujos". Además exigió una "convocatoria urgente" del Consejo Europeo para "lograr una estrategia" en la lucha contra la inmigración ilegal en el Mediterráneo.
Los planes referentes al despliegue militar italiano fueron rechazados tajantemente por la Administración del estado africano. El portavoz del Gobierno de transición, Taieb Baccouche, calificó de "inaceptable" cualquier injerencia extranjera en el suelo del país magrebí.
"El pueblo tunecino rechaza el despliegue de soldados extranjeros en su territorio", anunció Baccouche y señaló que el control de las fronteras tunecinas "compete a las autoridades tunecinas". El canciller lamentó las declaraciones de Moroni, aunque reconoció que no le sorprenden ya que el político italiano, según Baccouche, pertenece a la "extrema derecha racista".
Mientras tanto, Italia no ha sido la única en denunciar el éxodo masivo de los tunecinos a Europa. El Ministerio francés de Exteriores anunció que se solidariza plenamente con Italia. "La lucha contra la inmigración irregular constituye una prioridad que el Gobierno francés comparte con el italiano", afirmó la diplomacia gala en un comunicado. El ministro francés de Industria, Eric Bresson, afirmó que su país no tolerará la inmigración clandestina, aunque sí está dispuesta a considerar las solicitudes individuales de asilo. Agregó que habrá que analizar "caso por caso la situación personal" de los afectados.
Con un tono más moderado se sumó a la polémica la canciller alemana, Angela Merkel, que destacó la necesidad de reinstaurar el Estado de derecho en Túnez para contener la inmigración masiva de sus ciudadanos. "Naturalmente, no todos los que no quieren vivir en Túnez pueden venir ahora a Europa", dijo. "Nuestro objetivo es resolver los problemas en los países de origen para ofrecer perspectivas a la gente y una posibilidad de vivir en su propio país", agregó.
La alarma europea coincidió con la dimisión del canciller tunecino, Ahmed Unaies. El Gobierno de transición formado el 17 de enero pasado tras la caída del presidente Zine el Abidine Ben Alí confirmó la renuncia del ministro.
La salida masiva de los tunecinos ha sido uno de los motivos del viaje de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, a ese país. En una rueda de prensa Ashton anunció que la UE concederá una ayuda inmediata de 17 millones de euros a Túnez y otra de 258 millones de euros hasta el año 2013 para instaurar el régimen democrático en el país e impedir la huida de los ciudadanos.