USAID asigna casi 20 millones de dólares para apoyar a jueces en Georgia

El Gobierno de Estados Unidos asignó, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), unos 19,3 millones de dólares para brindar apoyo al sistema judicial en Georgia. El Instituto de Gestión Este-Oeste es el encargado de distribuir estos recursos y el responsable de implementar el programa.

La página web de la fundación Este-Oeste se mostró “contenta de anunciar” la puesta en marcha de esta iniciativa que abarcará los cuatro años siguientes (hasta octubre del 2014). Entre otros fines, el denominado JILEP, o “proyecto de la independencia judicial y afianzamiento legal”, debería “reforzar el proceso mediante el que los jueces son designados, formados y disciplinados para incrementar su independencia y profesionalidad”.

El embajador plenipotenciario de EE. UU. en Tbilisi, John Bass, asistió a la presentación del programa JILEP el jueves en el edificio de la Biblioteca Nacional de Georgia junto al presidente del Tribunal Supremo de Georgia, Konstantín Kublashvili para expresar su convicción en un futuro decoroso de las instituciones de justicia en Georgia. El acto solemne coincidió con el día en el que los fiscales del país pidieron siete años de prisión para Tsotné Gamsajurdia, hijo del primer presidente georgiano, Zviad Gamsajurdia, por ofrecer una suma equivalente a 274 dólares —un soborno, según el auto acusatorio— a un empleado del hospital penitenciario para que llevara una carta a su madre.

En este proceso, según la defensa, el juez desde la primera audiencia tomó parte a favor de la acusación que tiene por objetivo prolongar la reclusión de este joven que tiene ambiciones políticas. Algo que no es excepcional en la práctica judicial contemporánea del país, si se toman en consideración las recientes revelaciones al respecto de los activistas georgianos de derechos humanos. Así, la fundadora de la organización “Ex presidiarios políticos por los derechos humanos”, Manana Kobajidze, denunció en enero en un comunicado que “rara vez se encuentran jueces con principios, que traten de resistir a la presión por parte del partido gobernante. Prácticamente, los tribunales se han transformado en un anexo de la fiscalía”.

“Llevo procesos en los juzgados cada día" sostiene Kobajidze, "y muy con frecuencia vemos que los fiscales no tienen vergüenza de dirigir ademanes intimidantes hacia los jueces. Y los jueces saben qué es lo que  debe suceder después”. También reconoce que “hay muchísimos casos, en que jueces que sí tienen principios, son trasladados de Tbilisi a Marneuli, a Kobuleti u otras regiones de Georgia”. “Pero la mayoría de los jueces —aseguró— gozan de la comodidad del sistema  actual, y ejercen obedeciendo las reglas del juego que les dicta el partido gobernante y en recompensa obtienen nuevas plazas, primas, y el acceso a distintos programas”.

Para que el ejecutivo de Georgia, a todos sus niveles, no se aproveche del nuevo programa JILEP financiado por Estados Unidos  se deberá establecer un rígido control por parte de las organizaciones no gubernamentales. De otra manera el proyecto serviría solo para corromper aún más a los jueces, consideran diversos expertos dentro y fuera del país.

Son muchísimas las áreas a las que se puede destinar el dinero de la USAID en Georgia que no son de ninguna manera abarcados por el JILEP. El notorio problema de la propagación de la hepatitis C y la tuberculosis en los centros penitenciarios de la república y la lucha contra la corrupción de las autoridades carcelarias se encuentran entre ellas. De acuerdo con un informe del Comité Europeo para la Prevención de las Torturas, que fue publicado un mes antes de la promulgación del nuevo plan de  la USAID para Georgia, este estado caucásico no era capaz de proveer el servició médico necesario a los 32.000 presos que tenía en sus prisiones.

Muchos convictos (por no decir todos) necesitan hacerse una radiografía, que normalmente debería ser a cuenta de los fondos públicos. Pero, según revelaron diversas fuentes, en algunos penales los reclusos no tienen acceso a este servicio médico si previamente sus familiares no efectúan un pago equivalente a varias decenas de dólares en la cuenta bancaria personal de determinado médico.

Desde el pasado mes de noviembre, una de las fuerzas opositoras georgianas monitorea todos los expedientes con el fin de hacer públicos los errores, falsedades y arbitrariedades, las denuncias se cuentan por centenas. Varios de los respectivos recursos ya se han presentado ante el tribunal de Estrasburgo. Pero los promotores de este proyecto tienen pocas esperanzas de que les apoye en su lucha algún día una fundación gubernamental estadounidense.