Los familiares de las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet (1973 a 1990) solicitaron a la Justicia chilena la exhumación de los restos del expresidente chileno Salvador Allende (1970–1973) para esclarecer si la versión histórica oficial de suicidio es la verdad o si tuvo lugar un asesinato.
La Justicia chilena jamás ha investigado las circunstancias de la muerte de Allende. Según la versión más difundida, el expresidente chileno se suicidó de un tiro el 11 de septiembre de 1973 mientras las Fuerzas Armadas bombardeaban la sede del Gobierno para tomar el poder.
La hija del exlíder socialista, la parlamentaria Isabel Allende, no dio su visto bueno a la solicitud. Al reunirse con el juez Mario Carroza, de la Corte de Apelaciones de Santiago, dijo que la familia está convencida de que Allende se había suicidado. "La familia tiene su propia convicción y está formada no de forma antojadiza", dijo Allende. Así, la senadora insistió en que no hay necesidad de realizar una autopsia, ya que ya se realizó en 1990, tras la vuelta a la democracia. “Ya la hicimos el año 1990. Antes de proceder al traslado de sus restos hubo una exhumación [y una autopsia] y por lo tanto eso ya existió. Y por lo tanto eso ayuda a confirmar lo que han sostenido los médicos”, aseveró.
Sin embargo, el abogado Eduardo Contreras dijo entender el dolor de la familia Allende, pero instó en que es importante recuperar "la verdad histórica y la justicia". "No se pueden aceptar dogmas de fe cuando todos sabemos que el cuerpo del presidente fue acribillado a balas por los militares y no se tiene certeza de cuál de las balas fue la que causó su muerte", sostuvo.
El juez Carroza citó como testigo al médico Patricio Guijón, que ha contado en varias ocasiones que vio al líder chileno pegarse un tiro cuando regresó al segundo piso del Palacio de la Moneda para llevarse como recuerdo su máscara antigás.
El caso de Salvador Allende se encuentra entre las 726 querellas presentadas ante el juez especial Mario Carroza por violaciones a los derechos humanos que nunca han sido investigadas por la Justicia chilena. Las querellas incluyen los casos de nonatos y madres torturadas, de 63 niños y adolescentes de entre 8 y 19 años que fueron ejecutados entre 1973 y 1990.