Este martes el estado norteamericano de Utah aprobó una ley estatal que suspende la persecución de los inmigrantes indocumentados y les concede permisos para vivir y residir en la región. El gobernador Gary Herbert sancionó la nueva ley durante una ceremonia en el Capitolio estatal de Salt Lake City.
Esta iniciativa, que aún debe pasar unos trámites en Washington, está llamada a crear el primer programa estatal de los así llamados "trabajadores huéspedes" y abrirá un nuevo camino para resolver el problema de los inmigrantes ilegales, una medida muy distinta al controvertido enfoque de la ley de Arizona. El nuevo proyecto autoriza al Gobierno de Utah a emitir permisos de trabajo y residencia por un periodo de dos años a ciudadanos 'sin papeles'. Para obtenerlos, los interesados deben pasar una revisión de su historial penal, hacer un ingreso de 2.500 dólares y comprometerse a aprender inglés.
Por otra parte, la ley obligará a los policías a verificar el estatus migratorio de una persona que sea detenida por cualquier delito menor. Los que apoyan la reforma la califican de "un equilibrio entre el imperio de la ley, las necesidades económicas y un sentido de piedad".
La nueva ley de inmigración parece ser sumamente importante porque va en sentido contrario a otras leyes que se han estado promulgado a lo largo de los Estados Unidos, especialmente la polémica ley de Arizona.
No obstante, el experto de RT, miembro de la organización 'Vamos Unidos', Juán José Guitiérrez, opina que esta iniciativa no resolverá el problema de este sector de la población, ni siquiera en dicho territorio. “Habrá que recordar que este proyecto de ley no resuelve ni siquiera en el estado de Utah el problema de los trabajadores indocumentados y sus familias”, porque ante todo la propuesta tiene que ser de cierta manera aprobada por el Gobierno federal y por otro lado no entrará en vigor hasta el 2013, pues antes de este tiempo el Gobierno de Utah debe gestionar ante Washington una exención para que en el territorio estatal no se aplique la ley federal que establece como delito la contratación de inmigrantes indocumentados.
Según la prensa local, grupos antiinmigrantes del estado han declarado su intención de apelar la ley.