Colombia afronta el crecimiento del paramilitarismo
Varias regiones de Colombia están viviendo un crecimiento del paramilitarismo. Los residentes locales sostienen que estos grupos armados y al margen de la ley, que antes ocupaban las zonas rurales, ahora se están desplazando hacia las grandes ciudades.
“Ya hay grupos paramilitares que están ejerciendo control acá en el barrio, hay mucho microtráfico, han influenciado mucho las niñas y los niños a que consuman (narcóticos)”, afirma María Eugenia Cruz, quien ahora reside en Bogotá, después de que fue desplazada por la violencia, y añade que “hay niños de 9, 7 años, que ya roban y atracan”.
María Eugenia Cruz es una líder comunitaria, y por su labor ya ha recibido varias amenazas por parte de los paramilitares. Su situación se agrava al tener dos hijas menores, a quienes por ahora prefiere mantener encerradas en casa debido a la inseguridad existente.
El problema actual apareció con algo, en teoría, bastante positivo. Durante el gobierno del anterior presidente, Álvaro Uribe, fueron desmovilizadas las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización reconocida como terrorista por muchos países, incluida la propia Colombia, EE. UU. y la Unión Europea.
Pero resultó desmovilizada solo parcialmente. Aunque en algunas regiones la estructura de la organización se redujo, en otras permaneció intacta o hasta creció. Los grupos criminales resultantes de la organización ahora se denominan por el gobierno como “las bacrim”.
“Tienen armas bélicas, control territorial, ejercen un control social coercitivo violento, mantienen alianzas con sectores políticos, con élites regionales o locales. Inclusive, mantienen alianzas con sectores de la fuerza pública y de algunas instituciones”, así las describe el presidente de la Fundación Cultura Democrática Bogotá, Álvaro Villarraga.
El gobierno colombiano ya declaró que grupos de esta índole se han convertido en el nuevo enemigo del país. Pero a las ONGs de Colombia no las parece bastante esta denominación. Exigen acciones más concretas y decisivas frente al problema.
Algunas de ellas, creen, pueden implicar el reconocimiento oficial de la naturaleza paramilitar de estas bandas y poner en marcha un ataque frontal a la potente economía paralela de las mismas. Entre otras soluciones proponen: la creación de una estrategia completa de lucha, que incluiría también cambios estructurales en los sistemas de seguridad y de Justicia del país.