Un año después de que la gobernadora del Estado de Arizona (EE. UU.) firmara la polémica ley SB 1070 contra los inmigrantes, los expertos creen que el impacto económico que conlleva ha detenido el "efecto contagioso" de la norma. Asimismo, reiteran la necesidad de una reforma migratoria a nivel federal.
Promulgada por la gobernadora del Estado fronterizo, Jan Brewer, la ley de Arizona criminaliza a los indocumentados, considerando delito menor que un extranjero no lleve consigo los documentos de registro. Además, la ley endurece las medidas contra los que contratan o albergan a los 'ilegales'.
Algunas medidas más controvertidas fueron bloqueadas temporalmente por una juez federal en Arizona. Entre ellas la que pretendía obligar a las compañías a verificar el estatus migratorio de las personas "sospechosas" de ser indocumentados.
A pesar de tener sus documentos en regla, muchos hispanos también se sintieron afectados por la ley que además dio inicio a una oleada de protestas en diferentes partes del país. Por otro lado, la SB 1070 creó un precedente para que otros estados consideraran la aplicación de medidas semejantes, como Utah, Nuevo México o Georgia.
No obstante, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR) ha anunciado a través de un informe que el "poder contagioso" de la norma se ha paralizado y se espera que la mayoría de las medidas 'anti inmigrantes' finalmente no se apliquen.
En 2010, los 12 estados que redactaron medidas a imagen y semejanza de la ley de Arizona rechazaron esas leyes y de los 24 estados que las han considerado este año, 11 ya las han descartado, informa EFE.
"Muchos se han dado cuenta de que el coste de estas medidas es muy caro, especialmente para un país que está saliendo de la recesión", indicó la presidenta de la NCLR, Janet Murguía.
Se calcula que la ley de Arizona ha costado a este Estado más de 140 millones de dólares en cancelaciones de conferencias y reservas de avión, pérdidas de ingresos en el sector del turismo, etc.
Los especialistas ven el problema en la falta de avances de la reforma migratoria federal prometida por el presidente Barack Obama y que vuelve a aparecer en su campaña electoral para los comicios presidenciales de 2012.
"No necesitamos 50 mini sistemas migratorios, sino una sola reforma migratoria federal", afirma Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Legal Nacional para la Inmigración.
Hasta ahora el líder del país no ha podido cambiar el sistema migratorio actual, mientras que el número de indocumentados deportados en 2010 ha superado las 390.000 personas.