El expresidente de Costa Rica, condenado a 5 años de cárcel por corrupción
Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), está condenado a cinco años de prisión y 12 años de inhabilitación por instigar a la corrupción agravada en perjuicio de la probidad de la función pública.
Según lo determinado por el Tribunal, Rodríguez incitó a los funcionarios de su Gobierno para que exigieran dádivas a la empresa francesa fabricante de equipos de telecomunicación ICE-Alcatel, a cambio de la concesión de una licencia para instalar 400.000 líneas celulares en el año 2001, cuando Rodríguez era presidente. Según la prensa costarricense, el exdirigente habría recibido presuntamente más de 800.000 dólares en pagos de Alcatel.
Miguel Ángel Rodríguez fue presidente de Costa Rica durante el periodo de 1998 a 2002. Durante su Gobierno, la economía costarricense logró crecer a un ritmo importante, manteniendo a la vez la estabilidad cambiaria y los precios, y continuó la apertura al comercio exterior. Fue asimismo, por un breve lapso, secretario general de la Organización de Estados Americanos, cargo al que renunció para poder enfrentar presuntas acusaciones de corrupción formuladas en su contra.
El expresidente ha expresado su desacuerdo con el fallo por los supuestos abusos que se han cometido en su contra durante el juicio, iniciado hace un año, en el que más de cien testigos y miles de documentos aportaron evidencias. En particular, Rodríguez ha apuntado la escasa fiabilidad del principal testigo de la acusación, José Antonio Lobo, exdirectivo de ICE, que nada más acabar el juicio ha partido a EE. UU.
No es el primer caso en el que un presidente de este país latinoamericano es acusado de corrupción. En octubre de 2009, el expresidente costarricense Rafael Ángel Calderón Fournier fue condenado a cinco años de prisión por haber participado en actos de corrupción y tráfico de influencias. Según las acusaciones, el exmandatario habría recibido alrededor de 440.000 dólares a cambio de favorecer a diversas empresas vinculadas con la venta de equipo médico a la Caja Costarricense de Seguro Social.