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Argentina limitará la venta de tierras rurales a extranjeros

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La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que limite la venta de tierras rurales a extranjeros.
Argentina limitará la venta de tierras rurales a extranjeros

La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que limite la venta de tierras rurales a extranjeros.

Inicialmente la medida fue propuesta por la Federación Agraria, que reúne a pequeños y medianos agricultores. La mandataria argentina advirtió que no se trata de “estatizar”, sino de “conservar el dominio nacional, no estatal, de las tierras rurales, algo que hacen todos los países serios del mundo”. Aseguró que las restricciones no afectarán los derechos ya adquiridos.

Ahora el proyecto de ley tendrá que ser debatido en el Parlamento. De acuerdo con la legislación, los extranjeros no podrán poseer más de un 20% del total de tierras rurales. Además, se establecerá una limitación de compra de un máximo de mil hectáreas. La presidenta señaló que existe un “déficit de información sobre el estado nominal de las tierras rurales” e insistió en la necesidad de elaborar "un cuadro actual de la situación". Los registros de la propiedad en Argentina son solo provinciales, y se desconoce porcentaje total de la tierra argentina en manos de extranjeros. Por lo tanto, Fernández de Kirchner ofreció crear un Registro Único de Tierras Nacionales, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Extranjerización y conflictos con pueblos originarios

La presencia de las grandes multinacionales extranjeras ha provocado un aumento de precio en terrenos rurales. Según datos de la Federación Agraria, la subida se ha notado especialmente en los últimos años. Además del incremento en el coste, la extranjerización de tierras afecta a las comunidades indígenas que habitan en las zonas rurales. Entre los grandes compradores de tierras, los más conocidos son el británico John Lewis, el ecologista norteamericano Douglas Tompkins y los hermanos italianos Benetton.

Los últimos, los “colores unidos”, han tenido mayor fama por expandir sus latifundios en los territorios de la comunidad mapuche y practicar desalojos de los indígenas. Desde el año 2007, los mapuches han ido denunciando discriminaciones y atropellos a su pueblo e incluso iniciaron una disputa judicial con la transnacional. El proceso duró cuatro años y culminó con la sentencia que obligó a los indígenas a abandonar las tierras del empresario Luciano Benetton.

El grupo Benetton llegó a Argentina en el año 1991 en plena época "menemista". El Gobierno realizaba privatizaciones de empresas estatales, lo que le permitió a la transnacional adquirir una buena parte de las acciones de la empresa Terra Ciudad Argentina. Este fue un punto de inflexión para la comunidad aborigen, cuyas tierras ancestrales oficialmente pasaron a formar parte de la propiedad de la empresa italiana. Los nuevos dueños de las tierras no tardaron en reclamar sus derechos. A partir del año 2001, a los territorios mapuches ingresaron compañías mineras, agropecuarias y petroleras que complicaron aún más la situación ya existente. Los indígenas en varias ocasiones han denunciado usurpación y opresión, así como el rol contaminante de las empresas extractivas, pero las últimas, junto con las textiles, siguieron expandiendo sus latifundios. En total, los "colores unidos", el mayor latifundista de Argentina, poseen más de 970.000 hectáreas entre las provincias de Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Chubut.

Hay al menos 8,6 millones de hectáreas en conflicto entre indígenas y multinacionales

Según una investigación del diario argentino Página/12, existen al menos 8,6 millones de hectáreas en disputa entre comunidades aborígenes y compañías multinacionales. Al mismo tiempo, según datos de la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), al menos 600.000 aborígenes (de los 2 millones que reconoce Argentina en su territorio) se vieron afectados por la expansión de las empresas.

Este año electoral debe de ser clave en la resolución de la situación de la comunidad que ha elegido como su lema la frase “la tierra robada será recuperada”. La anunciada ley contra la extranjerización alimentó las expectativas de que la situación cambie.

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