El fiscal internacional responsabilizó a 3 mandos libios de crímenes contra la humanidad

Los investigadores de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya calificaron la matanza de civiles perpetradas por las fuerzas fieles al coronel Muammar Gaddafi como crímenes contra la humanidad. Así lo denunció ante un pleno del Consejo de Seguridad de la ONU el fiscal jefe de esta institución, Luís Moreno Ocampo. Informó también que estaba decidido a pedir órdenes de arresto contra tres ciudadanos libios implicados en crímenes atroces, sin indicar sus nombres.

“Detener a aquellos que ordenaron la comisión de crímenes contribuirá a la protección de civiles en Libia porque disuadirá a quienes quieren continuar con los crímenes”, explicó el fiscal argentino a los delegados de la reunión. Además opinó que su iniciativa enviará “un serio mensaje a otros potenciales criminales en Libia y en otros lugares, de que la comunidad internacional no consentirá esos crímenes”.

Moreno Ocampo precisó que todas las alegaciones que presentará a los jueces se referirán a hechos acontecidos desde el pasado 15 de febrero (cuando se desataron los enfrentamientos entre los participantes de acciones masivas de protesta y las fuerzas gubernamentales) y sus peticiones de arresto se deberán a casos que tienen como víctimas “civiles desarmados que fueron disparados por las fuerzas de seguridad”.

Rechazando las posibles alegaciones de que fueron las mismas víctimas las que asaltaron a los militares, el fiscal aseguró: “No existen pruebas que indiquen ataques previos contra las fuerzas de seguridad”. Señaló ante el Consejo de Seguridad que existen “al menos dos testigos presenciales para cada incidente” de los que ha investigado, además de las pruebas variadas como “en muchos casos la corroboración de los detalles en fotografías y material videográfico”.

El magistrado sintetizó que los materiales recopilados por su oficina establecen motivos razonables para creer que “se han cometido y continúan cometiéndose ataques extendidos y sistemáticos contra la población civil en Libia”. En Trípoli y en otros territorios controlados por las tropas de Gaddafi matan, secuestran, arrestan y torturan a los vecinos. Los esfuerzos que se aplican para esconder esos crímenes han dificultado el recuento del número de las víctimas. Conforme al fiscal, las autoridades “intencionalmente quitan los cadáveres de las calles y de los morgues”.

Por otra parte, el fiscal de La Haya admitió la comisión de crímenes de la misma índole por el lado rebelde en contra de individuos subsaharianos. Prometió llevar a cabo la instrucción por la muerte en la ciudad de Bengasi, el bastión de los rebeldes, de decenas de africanos a quienes la muchedumbre tomó por mercenarios de Gaddafi y masacró “erróneamente”.

Tras oír a Moreno Ocampo, varios embajadores de los estados miembros de la ONU intervinieron para exigir una investigación imparcial. Así, el representante de la República de Sudáfrica, Baso Sangqu, sugirió a que el Tribunal de La Haya investigue las acciones de todas las partes en el conflicto. Además dijo que la Corte Penal Internacional debería estudiar si los ataques de la OTAN están dentro de los parámetros de las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Libia.

El embajador ruso, Vitali Churkin, agradeció el trabajo de Ocampo y pidió que se lleve ante la Justicia a los individuos que hayan cometido crímenes contra la humanidad. Pero también atrajo la atención del fiscal argentino a los casos de muerte de civiles tanto por culpa de los rebeldes, como por los ataques de la OTAN. “Cabe recordar con lamentación que los ataques de la coalición han provocado también la muerte de civiles, particularmente en el reciente bombardeo de Trípoli”, señaló Churkin.

Se refirió al bombardeo de la OTAN en el que supuestamente fallecieron un hijo menor y tres nietos de Muammar Gaddafi, además de muchas otras personas ajenas al mando político o militar libio. El diplomático recordó que “cualquier uso de la fuerza por parte de la coalición en Libia debería cumplir estrictamente con la resolución 1973 del Consejo de Seguridad”. “Ir más allá del mandato de esa resolución en cualquier modo es inaceptable, tal y como lo es el uso desproporcionado de la fuerza”, dijo Churkin.