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Protesta contra las políticas de inmigración en Georgia, EE. UU.

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Centenares de mujeres latinoamericanas y sus hijos han desfilado por las calles de la ciudad estadounidense de Atlanta en protesta contra las medidas 'anti-inmigrantes' aprobadas recientemente por las autoridades del estado de Georgia. La protesta fue organizada por las mujeres de la Alianza Lati

Centenares de mujeres latinoamericanas y sus hijos han desfilado por las calles de la ciudad estadounidense de Atlanta en protesta contra las medidas 'anti-inmigrantes' aprobadas recientemente por las autoridades del estado de Georgia. La protesta fue organizada por las mujeres de la Alianza Latina Para los Derechos Humanos de Georgia.  

Un programa federal bautizado como 'Comunidades Seguras' pretende dar a la policía el derecho a realizar deportaciones forzosas. Según los representantes de las organizaciones de derechos humanos, el programa establece que se puede deportar a los inmigrantes que hayan cometido algunos delitos graves. Pero de acuerdo con la información obtenida por estas organizaciones, sólo una cuarta parte de los deportados pertenece a esta categoría. Los activistas afirman que en su mayoría son los inmigtantes sin antecedentes criminales y que simplemente no tienen papeles, aquellos a los que se les aplica esta ley.

Esta situación suele llevar a la separación de las familias, pero esto es sólo la punta iceberg.

Los inmigrantes de origen latino viven en una situación de miedo continuo porque cada uno de ellos no sólo puede ser deportado sin razón alguna, sino que tampoco puede llevar una vida normal. Una de las participantes de la protesta cuenta que no puede asistir a las actividades de su hija, nacida en EE. UU., en la escuela y la niña afirma que las leyes obstaculizan su futuro.

El Programa de Comunidades Seguras, que causa tanta indignación en Atlanta, fue introducido como un programa piloto en Marzo de 2008 por la administración de George W. Bush y gestionado por el Departamento de Seguridad Interior de EE. UU. Este organismo, junto con la CIA, trató de elaborar un sistema que mejorara la seguridad nacional deportando a los criminales.

Las organizaciones de derechos humanos creen que el programa es imperfecto porque da a los policías una buena oportunidad de discriminar a los indocumentados deportando no sólo a los criminales, sino también a los latinoamericanos inocentes que tengan la mala suerte de ser víctimas de la arbitrariedad policial.

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