El Tribunal Supremo de California ratificó el lunes una ley que pretende liberar alrededor de 46 000 presos por el hacinamiento en las cárceles del estado. De este modo en dos años en el estado con el mayor sistema penitenciario del país se reducirá drásticamente la cantidad de reclusos.
Según el miembro del Tribunal Supremo de EE. UU. Anthony Kennedy, en las prisiones de California no se dan las condiciones necesarias para albergar a los delincuentes. "El límite de población establecido por la Corte es necesario para evitar la violación de los derechos constitucionales de los presos", dijo la máxima instancia judicial de EE. UU., que rechazó la apelación por una votación de 5 a 4.
"La atención médica y de salud mental proporcionadas en las cárceles de California no cumple con las normas mínimas", afirmó Kennedy y dedujo que el estado no tiene otra salida que liberar a un cierto número de presos antes que de que cumplan toda su sentencia.
A su vez, el juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos, Antonin Gregory Scalia, califica esta decisión de absurda. "El Tribunal Supremo ha anulado en varias ocasiones las decisiones de la Corte de Apelación sobre la liberación de los presos. Y ahora la administración ordena liberar 46 000 criminales", dijo.
Según Scalia, el único resultado posible de esta iniciativa es el aumento del nivel de delincuencia. Los jueces magistrados del Tribunal Supremo Samuel Alito y John Roberts declararon que la ratificación contradice la legislación federal.
Al mismo tiempo la Unión Americana por la Defensa de las Libertades Civiles considera que la decisión es la única correcta en la presente situación.
El director del Proyecto Nacional de las Cárceles de la Unión, David Fathi, afirma que la reducción del número de presos permitirá ahorrar dinero de los contribuyentes. La suma, que alcanzará los 500 millones de dólares, se destinará a programas de aumento de la seguridad en los centros penitenciarios.
Actualmente hay alrededor de 142 000 presos en las 33 cárceles del estado, originalmente creadas para albergar unas 80 000 personas. En 2009 tres jueces federales ordenaron la liberación de 40 000 prisioneros en dos años, mientras que a finales del año 2010, la sentencia fue apelada por el peligro para la seguridad.