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Abogados de Víktor But exigen que cierren su caso

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Abogados de Víktor But enviaron una solicitud consecutiva al Tribunal Federal de Nueva York exigiendo cerrar el caso del empresario ruso por estar motivado políticamente y violar la Constitución de EE. UU.
Abogados de Víktor But exigen que cierren su caso

Abogados de Víktor But enviaron una solicitud consecutiva al Tribunal Federal de Nueva York exigiendo cerrar el caso del empresario ruso por estar motivado políticamente y violar la Constitución de EE. UU.

“En esa solicitud nosotros argumentamos que la extradición de But desde Tailandia fue organizada por la presión que ejerció la Casa Blanca y el Congreso de los EE. UU., lo que no corresponde al principio de separación de poderes y se considera como ingerencia en los asuntos de la justicia”, comentó el abogado de But, Albert Dayan.

En materiales de la defensa del empresario ruso, en particular, figuran muchos hechos cuando representantes del Departamento de Estado mantuvieron conversaciones sobre el tema de la extradición con el embajador de Tailandia en Washington, y cuando por su parte el embajador de los EE. UU. en Bangkok (capital de Tailandia) negociaba con las autoridades tailandesas.

“La justicia estadounidense no puede cerrar los ojos ante lo que pasaba en Tailandia, puesto que el arresto se realizó por petición de la parte rusa. Es violación de principios constitucionales”, explicó Dayan.

La defensa de But pone énfasis en que el ruso no colaboraba con terroristas (a pesar de que se le acusa justamente en lo contrario), sino que con organismos estadounidenses oficiales y que brindaba ayuda importante al Pentágono.

A partir del 2003 empresas pertenecientes a But o controladas por él suministraban tiendas de campaña, alimentos y otras cosas necesarias para el mantenimiento de los soldados estadounidenses en Irak.

Víktor But fue arrestado en Bangkok y extraditado a EE. UU., país cuyas autoridades lo acusan de contrabando de armas, conspiración con el objetivo del asesinato de estadounidenses y apoyo al terrorismo. EE. UU. cree que el empresario de 42 años suministraba armamento a grupos extremistas, incluidas las FARC, insurgentes africanos y Al Qaeda.

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