Un tribunal egipcio obligó este sábado al ex presidente Hosni Mubarak a pagar una cantidad equivalente a unos 33,62 millones de dólares por ordenar el corte de los servicios de telefonía móvil e Internet durante la revuelta popular de principios de año.
Con el objetivo de impedir por todos los medios que la oposición se organizara para acudir a las manifestaciones, el Gobierno egipcio interrumpió el acceso a Internet y a las redes de telefonía móvil el 28 de enero, cuando cientos de miles de personas tomaron las calles de la capital del país para exigir la renuncia del presidente.
Junto a Mubarak, el tribunal administrativo condenó por los mismos delitos al ex primer ministro Ahmed Nazif y al ex ministro del Interior Habib al Adli, y les impuso una sanción pagadera al Tesoro Público del país de 40 y 300 millones de libras egipcias (7 y 50 millones de dólares) respectivamente. El juez Hamdi Okasha encontró a Mubarak, Nazif y Adly culpables de "causar daños a la economía nacional".
De momento es la primera sentencia judicial emitida contra el ex mandatario egipcio, derrocado el 11 de febrero. Actualmente Hosni Mubarak se encuentra bajo custodia en un hospital y se enfrenta a cargos mucho más graves, como varios delitos de corrupción y el asesinato de manifestantes, una acusación que podría incluso amenazar al ex presidente egipcio con la pena de muerte.
Durante los 18 días de protestas a principios de año fallecieron al menos 800 personas y más de 6000 resultaron heridas por munición gubernamental. Se estima que el sector turístico del país ha perdido en torno a 1000 millones de dólares durante este lapso de tiempo.