La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la puesta en marcha de un nuevo programa social para combatir la miseria. Según los datos oficiales, unos 16,2 millones de personas permanecen bajo el umbral de la pobreza, ajenas a las mejoras sociales y económicas que tuvo el país desde la llegada al poder del Partido de los Trabajadores.
Un 8,5% de la población se encontraba fuera del programa asistencial 'Bolsa Familia', en vigor desde el 2003, mientras vivían con menos de 43 dólares de ingresos por mes. El último censo general reveló entre ellos a unos 150.000 ancianos que requieren de atención especial. “Debemos gritar que la miseria aún existe”, declaró la mandataria durante la presentación del programa, a la que asistió el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, además de todos los ministros del gobierno brasileño.
Más de la mitad de los pobres a quienes pretende ayudar la nueva serie de medidas reside en el campo. Para mejorar su situación, en especial en la región amazónica, se implementará la denominada 'Bolsa Verde' que supondrá subsidios de aproximadamente 188 dólares para las familias que produzcan alimentos con técnicas de preservación medioambiental. Mediante otro programa nacional ya existente, el de compra de alimentos, el gobierno adquiere parte de la producción de 60.000 familias de pequeños agricultores y la distribuye en escuelas y comedores populares. A partir de ahora el número de familias incluidas en ese plan pasará a 250.000. Además se practicará la dotación de semillas.
En los centros urbanos, el plan promueve la masificación de la enseñanza técnica y de oficios de gran demanda, como ocurre con todos los relacionados con la industria de la construcción. También serán ampliadas las redes de comedores populares y las iniciativas de la llamada 'economía solidaria' y se expandirá el microcrédito a fin de dar más empuje a la pequeña industria.
No obstante, en las áreas metropolitanas el mayor desafío para las autoridades es la localización e identificación de los pobres: están a la vista de todos pero no existen en los registros oficiales. Se trata de abarcar a los mendigos que viven en las calles, sin domicilio fijo, que no aparecen en los censos y cuyo número, según diversos cálculos, oscila entre 100.000 y 1,5 millones de personas. Muchos ni siquiera poseen documentos de identidad y a raíz de esto tampoco han podido acceder a los subsidios oficiales.