Un tribunal argentino obliga a los hijos de la dueña de Clarín a hacerse análisis de ADN
La Cámara Nacional de Casación Penal argentina ha ordenado realizar exámenes de ADN de forma obligatoria a los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble, dueña del grupo Clarín, la empresa multimedia más grande del país.
Las muestras genéticas de los hermanos Felipe y Marcela Herrera Noble, adoptados en 1976, podrían determinar si en su infancia fueron arrancados de las manos de sus padres, desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). El caso quedará aclarado después de la comparación de su ADN con el de los archivos genéticos de las personas desaparecidas hasta julio de 1976.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ha ordenado "la extracción directa, con o sin consentimiento, de mínimas muestras de sangre, saliva, piel, cabello u otras muestras biológicas pertenecientes a Marcela y Felipe Noble Herrera".
Una de las organizaciones de derechos humanos del país sostiene que existen sospechas de que ambos jóvenes podrían haber sido robados. Según las denuncias presentadas por la organización de madres y víctimas de la dictadura, Abuelas de Plaza de Mayo, Felipe podría ser hijo de María del Carmen Gualdero de García. La mujer fue secuestrada en junio de 1976 estando en el noveno mes de gestación. Marcela podría ser Matilde, la hija de Bárbara Miranda de Lanuscou y Roberto Lanuscou, asesinados en septiembre de 1976 cuando la niña tenía apenas seis meses de edad.
Los querellantes afirman que la adopción se hizo de manera ilegal y acusan a los dueños del medio de comunicación de crímenes de lesa humanidad, aunque los abogados de Ernestina Herrera de Noble, apoyada por sus hijos, no encuentran ninguna irregularidad.
Se calcula que unos 500 bebés fueron separados de sus padres en ese periodo, en el que desaparecieron unas 30.000 personas. Sin embargo, sólo un centenar de esos niños han logrado averiguar su identidad. Hay casos en los que las personas no quieren saber su origen real, pero en Argentina la legislación exige que se conozca la verdad.