El Senado de California estudia el proyecto de la llamada Dream Act (Ley Soñada o Ley de Ensueño). El documento, que ya ha sido aprobado por la Asamblea del Estado, otorgaría a los estudiantes indocumentados ayuda financiera para recibir educación universitaria y la posibilidad de regularizar su situación.
La Asamblea aprobó el documento el pasado 1 de junio con 46 votos a favor y 25 en contra. Si al estudiar la Dream Act, el Senado lo aprueba, pasará a las manos del gobernador, Jerry Brown, quien decidirá su destino final.
Durante su campaña electoral del año pasado, Brown expresó su apoyo a esa iniciativa legal, lo que deja suponer que pronto miles de jóvenes indocumentados de California podrán cumplir su sueño de convertirse en estudiantes universitarios.
De ser aprobada, la ley le costará al estado unos 32 millones de dólares, repartidos en becas para los graduados indocumentados de las escuelas secundarias de California. Si el proyecto pasa a ser una ley, California se convertirá en el segundo Estado después de Ilinois en dar el visto bueno a tal iniciativa.
En este último Estado el documento fue impulsado por la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados, cuya dirección definió su aprobación como “un paso importante hacia el reconocimiento de las contribuciones de los inmigrantes”. Fue apoyado por los rectores de 15 universidades, por las administraciones de colegios y otros organismos comunitarios.
A su vez, el gobernador del Estado, el demócrata Patrick Quinn, también ha ofrecido su apoyo completo a la iniciativa. Advirtió que la Dream Act estatal “fortalece nuestro compromiso con la educación de todos”, después de anunciar que la firmaría en los próximos días.
No obstante, cabe mencionar que el proyecto federal de la Ley Soñada ya ha sido rechazado varias veces por el Congreso estadounidense. Asimismo algunos expertos afirman que por cada paso positivo hacia los inmigrantes se registran retrocesos mucho más graves. Así Juan José Gutiérrez, miembro de la organización 'Vamos unidos', señala que “recientemente la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó que es legal en el Estado de Arizona que las autoridades locales puedan despojar de su licencia a hombres de de negocios y a empresas a los que se encuentre dando trabajo a obreros indocumentados”. Gutiérrez subraya que “se va a tener que seguir trabajando muy duro para sacar adelante una reforma migratoria”.