El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó este viernes la histórica Ley de Víctimas, norma que busca la reparación integral, a través de una indemnización y la restitución de tierras, para los desplazados de sus tierras a causa del largo conflicto armado interno que padece el país. El mandatario calificó la norma como clave “para sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”. El acto contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
La legislación que tendrá una vigencia de 10 años, reconoce como víctimas a las personas que sufrieron ataques de la guerrilla, los paramilitares y los agentes de la fuerza pública desde el año 1985. Se pretenden restituir unos 6 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas y 2 millones más fueron objeto del despojo, realizado generalmente por grupos paramilitares. En total, alrededor de unas cuatro millones de personas recibirán indemnizaciones.
Según anunció Santos, la meta principal para este año es reparar al menos 25.000 hogares, y que al menos otras 20.000 familias regresen a sus lugares de origen. El presidente calificó la norma como “el primer paso a la reconciliación”, que se da sin finalizar el conflicto. “Que los violentos entiendan que los cambios que alguna vez pretendieron dar con las armas, se pueden alcanzar mejor dentro de la democracia sin causar dolor ni muerte”, declaró.
Colombia, líder global de desplazados internos
En los últimos años en Colombia se ha incrementado de manera espectacular el número de desplazados internos y de refugiados. Los registros oficiales indican que 3,7 millones de personas en el país afrontan esta situación. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de 5 millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como 'líder' mundial en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.
¿Quiénes son las víctimas?
Janeth es una de las millones de personas que se vieron obligadas a huir de su tierra. Ocurrió hace 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. “Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth. Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth se escapó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía.
El conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de 40 años ha causado un número colosal de víctimas, en su mayoría civiles. Según datos de la de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), de las casi 4 millones de víctimas, la mayoría son campesinos de escasos recursos e indígenas.
Un informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela que de los 90 pueblos indígenas que hay en Colombia, alrededor de 34 están en riesgo de desaparecer a causa de las acciones armadas y los desplazamientos forzados.
¿Quiénes son los responsables?
Las fuerzas de seguridad, los paramilitares, los grupos guerrilleros, el narcotráfico, los terratenientes, las mafias, las empresas multinacionales. Estos son algunos de los implicados en el conflicto.
El representante de la ACIN, Eduardo Yatacué, afirma que la violencia no sólo está promovida por las guerrillas y los paramilitares, sino también por los soldados colombianos. “En algunas comunidades indígenas los militares imponen una suerte de toques de queda impidiendo a las personas la libre movilidad por las zonas que se supone nos pertenecen”, lamenta Yatacué.
Se sospecha que las empresas multinacionales estadounidenses también dejaron sus huellas en esta historia. Según el consejero mayor de la ACIN, Jorge Arias, la política de los últimos años ha sido “quitar la tierra a la gente del campo para facilitar la entrada de grandes empresas”.
La Asociación de Desplazados de Colombia, denunció que compañías como Coca Cola, Chiquita Banana y United Fruit Company se apropiaron de tierras y recursos colombianos mediante la extorsión y el asesinato de los habitantes nativos. Las multinacionales contrataban grupos paramilitares que entraban en las aldeas colombianas y sacaban a sus habitantes.
La ley podría desatar una ola de violencia
Varios analistas y grupos de derechos humanos vaticinan que la aplicación de la medida podría desatar una ola de violencia contra campesinos y dirigentes de las víctimas por parte de grupos armados que se oponen a la restitución.
Al mismo tiempo el analista político Ramón Jimeno afirmó en declaraciones a RT que la aprobación de la ley podría dejar vía libre para unas negociaciones. “El conflicto es un hecho, el conflicto ha sido reconocido por todas las partes, lo que la guerrilla existe, los paramilitares existieron, el ejército está compuesto por 450.000 personas entre policía y soldados. Pero el presidente (Álvaro Uribe) durante ocho años insistió en que era una guerra de terroristas. Ahora la normativa establece que estamos ante un conflicto armado interno. Entonces, se trata de otra connotación jurídica que es la de aceptar que son los rebeldes que tienen la causa política y en estas medidas se abren las puertas para la negociación que seguramente entra en Colombia en dos o tres años”, opina Jimeno.