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Grupos proinmigrantes critican el programa 'Comunidades Seguras' en EE. UU.

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El programa estadounidense 'Comunidades Seguras', creado para localizar y deportar a extranjeros con antecedentes penales, continúa recibiendo fuertes críticas por parte de grupos proinmigrantes, policías y gobernadores por ser poco efectivo y contener muchas deficiencias.

El programa estadounidense 'Comunidades Seguras', creado para localizar y deportar a extranjeros con antecedentes penales, continúa recibiendo fuertes críticas por parte de grupos proinmigrantes, policías y gobernadores por ser poco efectivo y contener muchas deficiencias.

El programa permite a las autoridades policiales comparar las huellas dactilares de los extranjeros detenidos por un delito con las bases de datos de inmigración y de la Oficina Federal de Investigación (FBI) para saber si tienen permiso de residencia legal en el territorio de Estados Unidos. En caso de que no sea así, se inicia un proceso de deportación automáticamente.

Los críticos de 'Comunidades Seguras' señalan que el programa puede provocar que algunos inmigrantes dejen de denunciar los crímenes o pedir la protección de las autoridades por miedo a ser deportados y que incluso puedan ser deportadas personas que no han cometido ningún delito. Los estados de Nueva York, Massachusetts e Illinois, así como diversas ciudades estadounidenses, ya indicaron que no participarán en el programa argumentando sus serias deficiencias.

Presionado por esas críticas, el director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), John Morton, anunció una serie de cambios en la política migratoria del país que se centrarán en el programa 'Comunidades Seguras'. Dichos cambios buscan “garantizar que el programa se centre más en aquellos que representan el mayor peligro para las comunidades”. Así, las nuevas directivas obligan a los funcionarios del ICE a asegurarse de que las víctimas o los testigos de un delito no acaban siendo sometidos a un proceso de deportación.

No obstante, según precisó en un comunicado el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal (MALDEF), “las reformas anunciadas por el Gobierno federal son inadecuadas para resolver los problemas que afronta el programa”. Según la opinión de Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición pro Derechos Humanos del Inmigrante en Los Ángeles, los cambios introducidos en el programa “son cosméticos y no representan mejoras significativas, porque no resuelven el meollo del asunto: la colaboración entre autoridades federales y policías locales”.

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