Carolina del Sur, sigue el efecto dominó de los estados que aprueban leyes antiinmigrantes
Arizona, Utah, Indiana, Georgia, Alabama… Ahora Carolina del Sur se ha sumado a los estados norteamericanos que, en su afán de combatir la inmigración indocumentada, aprueban una ley polémica contra este colectivo.
"Hoy nos unimos a un número creciente de estados que están tomando acciones para combatir los problemas que generan los ilegales que violan nuestras leyes", sentenció Bobby Harrell, presidente de la Cámara Baja.
La ley fue aprobada por el Senado y ahora para que entre en vigor se necesita solo la aprobación de la gobernadora del estado, Nikki Haley, que al ser republicana sin duda promulgaría la medida, según los expertos.
La ley SB20, inspirada en la SB1070 de Arizona, autoriza a la policía a comprobar el estatus migratorio de los arrestados. Según consta en la ley, el argumento suficiente para que la policía revise los documentos de una persona puede ser "una sospecha razonable".
Los opositores de la iniciativa argumentan que "la sospecha razonable" que se tendría en cuenta vendría del origen nacional o la raza de la persona, así se fomentaría el perfil racial tal como se intenta en Arizona.
¿Erradicar a los indocumentados a costa de la salud económica?
Otra restricción de la nueva ley es la obligatoriedad en la comprobación de la documentación de los trabajadores por parte de las compañías del estado.
Al entrar en vigor la medida, las empresas correrán el riesgo de perder sus licencias de trabajo o de ser cerradas temporalmente si contratan a indocumentados por no haber verificado sus datos. De este modo, la SB20 es una extensión de una ley de inmigración existente aprobada en Carolina del Sur en 2008, que supone multas a las empresas que contraten a gente sin la documentación migratoria en orden.
Basándose en que sectores económicos como la agricultura, la construcción, o los servicios dependen en gran parte de la mano de obra inmigrante, los opositores a la ley indican que la entrada en vigor de la medida perjudicará esencialmente la economía del estado.
"Hemos visto cómo las cortes bloquearon la ley de Arizona. La SB1070 ha sido un desastre para la economía de Arizona, nefasto para la seguridad y no arregla el sistema quebrantado de la inmigración", afirmó a EFE Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessee de Carolina del Sur.
Los defensores de derechos no se darán por vencidos
"Es un día triste para Carolina del Sur", expresó el vicepresidente del Consejo de Mexicanos en las Carolinas, Iván Segura.
Los defensores de derechos civiles ya han afirmado que no dejarán este caso y van a aplicar todas las fuerzas para detener la entrada en vigor de la ley. "Esta es una lucha para recibir igualdad de las comunidades y no solo inmigrantes. Es regresar al tiempo en el que aquí se condenaba a las personas por ser diferentes", declaró Iván Segura.
Según las estadísticas del Centro Pew, en el estado de Carolina del Sur residen más de 235.000 hispanos, y alrededor de 55.000 de ellos son indocumentados.