Miles de viviendas vacías. Más de 100.000 personas que han huido desde mayo de 2010, provocando el descenso de las ventas de varios productos por más de un 50%. Como efecto dominó resultan afectados los negocios, tantos grandes como pequeños, que han perdido clientela. Se trata de Arizona, el primer estado de EE. UU. que promulgó la ley antiinmigrante, y el primero que consiguió de este modo un 'dudoso' efecto en la economía, según varios expertos.
Al menos 140 millones de dólares, el costo de Arizona por la ley antiinmigrante
En 2010 entró en vigor en Arizona la SB 1070, la primera ley estatal en EE. UU. que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados, y en el caso de la comunidad hispana supone destruir familias enteras, negar la educación a los menores y resultar privados de cualquier ayuda médica.
Los luchadores contra la inmigración ilegal argumentan su posición ante todo por el "costo" que tiene para el Estado proveer servicios públicos y educación a los indocumentados, pero no tienen en cuenta las contribuciones que hacen en forma de impuestos.
Según el alcalde de Phoenix, Phil Gordon, son las leyes migratorias las que van a generar los daños en la economía del Estado. Las jueces de Arizona Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg y Stephen Breyer, que se opusieron a la ley, la denominaron la "pena de muerte para los negocios".
Desde el año 2010 Arizona sufre un embargo económico por parte de muchas empresas y organizaciones que se refleja en la cancelación de convenciones y seminarios que se realizaban tradicionalmente en este Estado. Por el momento, este boicot le cuesta al Estado unos 140 millones de dólares, según expertos del Center for American Progress con sede en Washington D.C.
Al sector agrícola de Georgia le falta el 14% de la fuerza laboral necesaria
Georgia, que suele contar con un sector agrícola floreciente, al aprobar una medida parecida a la de Arizona también 'ha espantado' a los hispanos, que representan el 90% de los trabajadores de su agroindustria.
La ley todavía no ha entrado en vigor sin embargo, según un reciente estudio de la Comisión de Agricultura de Georgia, para esta cosecha ya han faltado 11.000 recolectores, un 14% de la fuerza laboral necesaria. Los expertos evalúan las pérdidas del Estado para esta temporada en unos 300 millones de dólares.
"Esta ley nos afecta muy duramente porque muchos trabajadores tienen miedo y, como Georgia es uno de los pocos estados que tienen este tipo de leyes, los trabajadores prefieren irse a otro estado", comenta Gary H. Paulk, propietario de una firma que cultiva uvas, moras y arándanos.
Mientras tanto, el gobernador republicano Nathan Deal, que promulgó la ley sin pensar en los riesgos en que ponía al principal motor económico del Estado, ha encontrado 'su solución' en esta difícil situación. En vez de mandar a los campos a los que no tienen trabajo, propone enviar a recoger frutas a los criminales convictos que en la actualidad están en libertad condicional.
Empresarios de Carolina del Sur: "Sin inmigrantes no podemos sobrevivir"
Diversos sectores económicos como el agrícola, hotelero, la construcción o los servicios del estado de Carolina del Sur -cuyo Senado recientemente aprobó una ley similar, la SB-20- en gran medida dependen de la mano de obra migratoria. En el Estado residen más de 235.000 hispanos, y alrededor de 55.000 de ellos son indocumentados.
Se calcula que el Estado tendría que invertir cerca de 84 millones de dólares para la aplicación de esta ley, que además estipula la creación de una Unidad de Cumplimiento de las Leyes de Inmigración. "No ha entrado aún en vigor la ley y los agricultores ya tienen dificultad para encontrar trabajadores para las cosechas de tomate. Están asustados de que llegue la temporada y no cuenten con la mano de obra necesaria", afirmó a la agencia EFE Russell Ott, especialista en temas legislativos del Comité de Agricultores de Carolina del Sur (SCFB).
"El mayor temor es la parte de la ley similar a la de Arizona que alude a que las autoridades policiales podrían detener a las personas para verificar su situación migratoria. Eso está asustando inclusive a nuestros trabajadores legales", agregó.
La ley SB20 "es muy importante para nosotros porque sin inmigrantes no podemos sobrevivir", dijo Richard Floyd, un productor de tabaco en la comunidad de Cool Spring, del condado Horry, al este de Carolina del Sur.
¿Quién gana con las leyes migratorias?
Mientras Barack Obama urge a aprobar la reforma migratoria sin concretar medidas ni los términos en el calendario de la misma, y mientras los republicanos se oponen drásticamente a esta medida, varios estados promulgan la criminalización de la inmigración ilegal a nivel local. Sin tomar en cuenta la experiencia de Arizona, Alabama, Georgia, Texas o Carolina del Sur, nuevos estados debaten leyes parecidas. Pero, ¿quién gana con estas leyes?
Varios expertos consideran que la mejor decisión del problema podría ser un programa de trabajadores invitados. El periodista Rafael Prieto Zartha opina que la única manera de solucionar el problema de la inmigración ilegal para siempre no es otra cosa que una reforma migratoria integral que legalice a los extranjeros que ya se encuentran en EE. UU., que fije el tope del volumen de obreros que el mercado laboral demanda, que traiga trabajadores legalmente al país y que establezca un acuerdo entre los empresarios y las organizaciones sindicales.
Sin embargo, parece que la falta de diálogo entre el Gobierno estatal y la industria ha generado un problema que puede tener repercusiones económicas millonarias incluso esta misma temporada.