Los activistas de la protección de derechos del inmigrante y la propia comunidad latina del estado de Georgia han celebrado este viernes un ‘día sin inmigrantes’. La finalidad de la iniciativa era responder a la ley migratoria HB87, que ha entrado recientemente en vigor, mostrando a las autoridades el poder económico de este grupo social.
El rechazo, a lo largo de la jornada, a todo tipo compras y del trabajo que ofrecen a los inmigrantes las empresas del estado ha debido manifestar qué pasaría con la economía de este o cualquier otro territorio estadounidense si se lograra excluir de la sociedad a los indocumentados. Además, dentro de la misma iniciativa, los organizadores instan a los que comparten su actitud a que envíen un mensaje de rechazo a la normativa estatal, que es una de las más rígidas en este ámbito.
Una corte federal ordenó detener la implementación de dos de las cláusulas más controvertidas de la ley HB87. Sin embargo, entre las secciones que entran en vigor este viernes está una que penaliza con hasta 15 años de cárcel y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen una identificación falsa para obtener empleo en el estado. Otra cláusula opresiva exige que las empresas usen un sistema de verificación de datos para revisar el estatus migratorio de aquellos a los que contraten.
Por eso, los activistas de la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos (GLAHR, por sus siglas en inglés) consideran que el "acoso", como dicen, a la comunidad latina sigue siendo un problema de ámbito nacional.
“Entendemos esto: que en el nombre de la ley hoy buscan, persiguen, arrestan, dividen y separan familias; en nombre de la ley están abusando de los derechos humanos y los derechos civiles de esta comunidad”, explicó en declaraciones exclusivas para la cadena RT la directora ejecutiva de esta alianza, Adelina Nicholls. Agregó que en la actualidad los cuerpos policiales hacen de las inspecciones del perfil racial de personas una práctica cotidiana “y el que sufre el impacto es nuestra comunidad latina”.