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Nuevas manifestaciones en Atlanta contra la ley antiinmigrante

Publicado: 3 jul 2011 15:05 GMT

La polémica ley migratoria HB87 de Georgia, que entró en vigor el 1 de julio, continúa provocando fuerte indignación por parte, sobre todo, de la comunidad hispana de este Estado norteamericano. Este sábado en Atlanta se celebraron nuevos actos de protesta en los que participaron miles de persona

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La polémica ley migratoria HB87 de Georgia, que entró en vigor el 1 de julio, continúa provocando fuerte indignación por parte, sobre todo, de la comunidad hispana de este Estado norteamericano. Este sábado en Atlanta se celebraron nuevos actos de protesta en los que participaron miles de personas.

Entre 8.000 y 14.000 manifestantes se reunieron frente al Capitolio de Georgia para expresar su rechazo a la norma. Según los activistas pro inmigrantes, la ley HB87 crea un ambiente inhóspito para las minorías. La mayoría de los manifestantes llegaron bajo las banderas de diferentes organizaciones hispanas, paro también estuvieron presentes algunos dirigentes de grupos de inmigrantes asiáticos.

El día 1 de julio transcurrió en Georgia bajo el lema ‘un día sin inmigrantes’. Varias organizaciones civiles instaron a la comunidad inmigrante del Estado a no comprar y no acudir a sus trabajos durante toda esa jornada y así enviar un mensaje de rechazo a la nueva ley.

La ley migratoria de Georgia es una de las más duras normas estatales sobre esta materia y tiene mucho en común con la polémica ley de Arizona, que causó una oleada de protestas por parte de los inmigrantes. Aunque esta semana una corte federal ordenó detener la implementación de dos de los apartados más controvertidos de esta medida, los activistas pro inmigrantes consideran que el acoso a esta comunidad sigue siendo un problema en el Estado.

Los activistas señalan que la ley todavía contiene algunas partes opresivas para los inmigrantes. Una de ellas exige a las empresas con más de diez trabajadores utilizar el sistema de verificación federal de datos, E-Verify, para revisar el estatus migratorio de aquellos a quienes contraten a partir del 1 de enero de 2012. Otra de las secciones (que entró en vigor este viernes) penaliza con hasta 15 años de prisión y multas de hasta 250.000 dólares a quienes utilicen un documento de identificación falso para obtener empleo.

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