La minería clandestina, fuente de financiación para los ilegales en Colombia
En la mitad de municipios colombianos operan minas ilegales que representan una de las fuentes de financiación de grupos ilegales armados, sostiene un informe realizado por la Defensoría del Pueblo.
Basado en los datos, recogidos de 1.010 municipios -el 90% de los que existen en el país-, el informe calcula que en Colombia funcionan al menos 3.600 minas clandestinas en las que trabajan unas 15.000 familias, pero al mismo tiempo advierte de que, tratándose de una actividad ilegal, los datos pueden variar.
Las minas, donde se practican extracciones no legalizadas, son de carbón, oro y materiales destinados a la construcción como arcilla, entre otros, y se encuentran en su mayoría en los municipios de Córdoba, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Caldas, Quindío y Valle.
La minería clandestina, una de las fuentes de financiación para los ilegales
La investigación indica que a través de la compra de maquinaria se podrían estar lavando recursos provenientes del narcotráfico. Según la información, procesada por las defensorías regionales a lo largo de todo 2010, también se estaría comprando el oro a precios superiores a los fijados por el Banco de la República o el Banco Central, para ser presentado luego como producción de una 'mina fachada' o que no existe.
La minería clandestina, sobre todo la de oro, "se ha convertido en una de las fuentes de financiación, no la única, pero sí una de ellas" para los ilegales, alarmó el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, e hizo hincapié en que dicha actividad representa una de las causas de violencia y homicidios en muchas regiones del país.
La magnitud de la extorsión de los guerrilleros a los dueños de minas es tan grande que, de una sola mina, en el Tolima reciben más de 120 millones de pesos diarios.
El Ministerio de Minas informó de que aparte de las 3.600 minas ilegales, funcionan unas 3.000 legales y que desde octubre pasado y hasta el inicio de este año se han cerrado al menos medio centenar de minas ilegales de oro y explotaciones sin licencia, y se han sancionado con multas más severas a las legales que incumplen las normas de seguridad.
"Hay que incorporar en los procesos de explotación minera prácticas de desarrollo sostenible que mitiguen al máximo el impacto producido" como, por ejemplo, en la contaminación de fuentes hídricas, sostuvo Pérez.