La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras (CVR) calificó oficialmente este jueves la destitución del entonces presidente del país, Manuel Zelaya, el pasado 28 de junio de 2009 como un golpe de Estado.
En su informe final, la CVR concluye que "lo sucedido el 28 de junio de 2009 tiene las cuatro características (...) de un golpe de Estado". Y precisa esas características: "La víctima sea el presidente u otra autoridad civil o militar que tenga el mando máximo del Poder Ejecutivo de un país; que el perpetrador del golpe haya ejercido violencia o coerción contra la víctima para que abandone su cargo; que la acción o acciones sean abruptas y rápidas", y, por último, que "esta acción se produzca en clara violación del procedimiento constitucional para la destitución del presidente".
La CVR concluyó, además, que el Gobierno de Roberto Micheletti no fue una "sucesión constitucional" y, por lo tanto, fue ilegal. Por otro lado, subrayó que Zelaya había desoído la demanda legal del Congreso, de la Fiscalía General y de la Corte Suprema de cancelar un plebiscito que iba a celebrar aquel mismo 28 de junio con el fin de votar que se suprimieran los límites al período presidencial.
Indicó, además, que el apoyo que había prestado la Organización de Estados Americanos (OEA) a la iniciativa de Zelaya "minó la confianza de diferentes sectores hondureños en el organismo internacional".
La CVR fue formada el 5 de mayo de 2010 por el actual mandatario hondureño, Portifio Lobo, con el objetivo de investigar la legitimidad de los acontecimientos de 2009 cuando, bajo las órdenes del Tribunal Supremo del país, unos 200 militares se presentaron el 28 de junio en la residencia de Zelaya y le obligaron a subirse a un avión rumbo a Costa Rica.
En la sesión del Congreso del mismo día se leyó una presunta carta de renuncia de Zelaya y fue aceptada. Los congresistas sentenciaron que este había violado la Constitución y el ordenamiento jurídico del país, y designaron al presidente del Congreso, Roberto Micheletti, para sucederle. La crisis gubernamental dejó un saldo de 20 muertos, 7 de ellos civiles que ni siquiera participaban en las manifestaciones de protesta.
La CVR calificó como "falsa" la firma de Zelaya en el supuesto documento de renuncia y acentuó que la revisión de la Constitución y de las funciones del Congreso de Honduras le permitió concluir que este "no tiene atribuciones para destituir al presidente de la República ni para nombrar al sustituto".
Desde el principio de las actividades de la Comisión, Zelaya expresó su desconfianza hacia ella. Poco antes de que se presentara el informe final, afirmó que no tenía de antemano una "opinión favorable" ni esperaba "nada nuevo" del mismo.
Francisco Acosta, analista: "Hay que investigar otros hechos en torno al golpe de Estado".
El analista Francisco Acosta, director del centro El camino Career Service, considera que "ahora sería muy importante que se conozcan otras verdades. Por ejemplo, lo que pasó con el asesinato de tantos periodistas. Creo que sería importante que la comisión de la verdad continuara profundizando para conocerse esas verdades que todavía no se conocen. No cambiaría mucho ahora, porque ya se reinsertó Honduras dentro de la OEA, no creo que habría mayor consecuencia para los que intenten promover un golpe de Estado".