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Bush puede afrontar una investigación criminal sobre torturas a detenidos

Publicado: 13 jul 2011 03:24 GMT

George W. Bush y su administración deberán afrontar una investigación criminal sobre los casos de torturas a detenidos después del 11 de septiembre, según ha exigido en su nuevo informe la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

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George W. Bush y su administración deberán afrontar una investigación criminal sobre los casos de torturas a detenidos después del 11 de septiembre, según ha exigido en su nuevo informe la organización internacional de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

El documento de 107 páginas Las torturas que quedaron impunes: la administración de Bush y el maltrato a los detenidos precisa que el ex presidente norteamericano autorizó las prácticas de ahogamientos simulados, el uso de las prisiones secretas de la CIA y el traslado ilegal de detenidos a países donde supuestamente eran torturados para conseguir obtener confesiones de presuntos terroristas.

El ex líder estadounidense no es el único que se enfrenta estas acusaciones: en la lista de HRW también figuran el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el jefe de la CIA George Tenet.

Sin embargo el actual presidente, Barack Obama, también se ha visto salpicado por el caso. El informe de la organización indica que “el Gobierno de Obama no ha cumplido las obligaciones que EE. UU. contrajo con la Convención contra la Tortura porque no ha investigado los actos de tortura y otros maltratos a los detenidos”. El director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, afirma que para Obama las torturas no son más que una política inadecuada y no un crimen. Roth opina que en este caso la decisión de Obama de suspender estas prácticas en 2009 puede ser simplemente olvidada mientras no exista un documento oficial que prohíba el maltrato.  

Bush y otros altos funcionarios de su Gobierno se defendieron de las acusaciones alegando que dichas acciones en su momento eran legales y necesarias para prevenir atentados terroristas contra EE. UU. y el Reino Unido.  

Sin embargo estas afirmaciones no parecen bastante convincentes para los miembros de HRW.

La organización trata de convencer al Congreso de que es necesaria la creación de un comité independiente para investigar el maltrato a los detenidos y asegurarse de que jamás se repitan.

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