Cientos de panameños exigen que España rinda cuentas por el caso del jarabe envenenado
Los familiares de 224 personas fallecidas en Panamá en 2006 tras ingerir un jarabe importado por una empresa española exigen al gobierno panameño una acción “contundente” frente a España después de que la Justicia de este país liberase de responsabilidad a la farmacéutica.
"Exigimos al gobierno de Panamá un pronunciamiento más en firme contra el Estado español", dijo Gabriel Pascual, coordinador del Comité de Familiares por el Derecho a la Salud y a la Vida, que reúne a parientes de las 224 personas fallecidas tras ingerir un jarabe adulterado para la tos importado por la mayorista de Barcelona Rasfer Internacional S.A.
La Audiencia Nacional española archivó definitivamente el caso, argumentando que no existe responsabilidad jurídica imputable a la empresa farmacéutica. La resolución indignó a los parientes de las víctimas que sí ven pruebas suficientes para exigir responsabilidades.
"Hay pruebas fehacientes que responsabilizan a Rasfer Internacional por no cumplir con el trato de lo que conviene regular en materia de seguridad, es decir, se incumplió con la normativa", afirmó Pascual.
Cientos de pacientes panameños resultaron intoxicados por el jarabe para diabéticos que contenía dietilenglicol, una sustancia de uso industrial no apta para consumo humano. El elemento tóxico estaba presente en nueve toneladas de glicerina que la farmacéutica española Rasfer Internacional compró al grupo chino CNSC Fortune Way Company y que luego vendió a la compañía Medicom de Panamá para elaborar el jarabe. La medicina envenenada fue distribuida entre los pacientes del Seguro Social panameño, causando consecuencias irreversibles: 224 personas murieron y otras 62 resultaron afectadas.
La Justicia Española sostiene que la empresa Rasfer Internacional era una “mera intermediaria comercial” y que “no estaba obligada a realizar análisis alguno del producto". Sin embargo, quienes sobrevivieron al envenenamiento y las familias de los fallecidos solicitan una revisión del caso. "No vamos a permitir que esto caiga en el olvido", advirtió Gabriel Pascual.
Un representante de la compañía Medicom fue detenido tras la investigación de lo sucedido, y otras 27 personas se encuentran en libertad condicional.