La Policía noruega tenía en la mira a Breivik antes de que cometiera el doble atentado
Anders Behring Breivik figuraba en una lista policial de personas potencialmente peligrosas desde el pasado mes de marzo, pero las fuerzas de seguridad noruegas no tenían bastantes pruebas para llevar adelante una investigación en su contra.
Según ha admitido la jefa de la Agencia policial de seguridad (PST en noruego), Janne Kristiansen, este servicio disponía de unos datos acerca de la compra de un agente químico de doble uso, es decir potencialmente explosivo, de fabricación polaca. Precisó que acorde al mismo informe, Breivik pagó unos 22 dólares (120 coronas de Noruega) por un paquete a la firma polaca que para aquel momento ya estaba bajo sospecha por tráfico de explosivos.
Pero “la transacción era legal y el PST requería alguna información adicional para llevar adelante la investigación”, afirma la funcionaria. Además advierte que “él vivía observando irreprochablemente la ley” y tampoco sus contactos producían sospecha alguna.
Durante su declaración ante los policías, describió una compra de nitrito de sodio de Polonia, confesando que él “estaba preocupado por la actuación de la aduana que agarraba el paquete”. Los voceros policiales no han confirmado todavía si se trataba del mismo material que se usó en la explosión producida en la céntrica plaza de Oslo el viernes pasado.
Es más, se sabía de otra compra similar: en mayo Breivik adquirió seis toneladas de abonos químicos a la empresa local Felleskjoepet Agri. El suministrador ha explicado que “era un pequeño pedido, habitual para una productora agrícola”.
En caso de ser declarado culpable, la justicia noruega podría condenar a Breivik a 21 años de prisión, pena máxima para los crímenes más graves. Mientras tanto, la defensa reveló que él no gozaba de una adecuada percepción de la realidad. El letrado Geir Lippestad alegó que la noción de las cárceles noruegas que tiene el acusado es distinta de lo que opina en su mayoría la sociedad noruega.
A juicio del detenido, en particular, el sistema penitenciario del país sigue practicando torturas. Además, tras todo lo sucedido, está convencido de que “lo más probable es que le maten a balazos”. Esto ha impulsado a la defensa a cuestionar la salud psíquica del acusado.