Parte de los fondos estadounidenses destinados a financiar el transporte de mercancías en Afganistán terminó en manos de los insurgentes talibanes, según admitió el Pentágono. El contrato al que pertenecen los fondos sustraídos contaba con una dotación total de 2.160 millones de dólares.
Según informó el diario Washington Post, los instructores del Pentágono revelaron que una parte de esa suma (7,4 millones de dólares) fue transferida a la cuenta de un alto cargo de la policía afgana para que el funcionario garantizara la seguridad del transporte de mercancías por el territorio del país. Luego 3,3 millones de este dinero pasaron a manos de los insurgentes, tanto en efectivo como en armas y pertrechos.
En los últimos tiempos los funcionarios del Pentágono han advertido varias veces sobre la necesidad de endurecer los controles sobre los contratos estadounidenses en Afganistán. El año pasado incluso se anunció la creación de un órgano de control para evitar la fuga de fondos por parte de contratistas, que en algunos casos pagan a los talibanes por protección.
El portavoz del Pentágono, el coronel Dave Lapan, informó a este respecto que el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU., que supervisa la guerra en Afganistán, en septiembre pretendía firmar un nuevo contrato para el abastecimiento de camiones para “garantizar una mayor transparencia de los subcontratistas”.
Anteriormente la agencia Reuters había informado sobre un estudio realizado por una comisión del Congreso, según el cual se gastaron unos 34.000 millones de dólares en contratos con el sector privado en las guerras de Afganistán e Irak. En total Washington invierte actualmente más de 6.000 millones de dólares al mes en la guerra de Afganistán.
El analista político Emilio Viano opina que el gobierno estadounidense malgasta los escasos recursos presupuestarios en su intento de conseguir la máxima seguridad en la zona y de esta forma podría sufrir un freno en su desarrollo económico. En muchos casos, destaca, el dinero estadounidense “se gasta para pagar a fuerzas de seguridad privadas o a jefes locales, pandillas locales por la protección”. De esta manera “llega a veces en las manos de los enemigos de los norteamericanos” y “no sirve para los proyectos de cambios sociales y económicos del país, como se debería”.