La privatización de la guerra en Irak deja fuera de control a los mercenarios
A principios de este siglo la prisión iraquí de Abu Ghraib era sinónimo del horror. Se consideraba la sede en la que se violaban derechos humanos, se aplicaban torturas, se realizaban masacres y se producían feroces interrogatorios. Todos estos macabros actos fueron realizados por contratistas de dos compañías privadas de EE. UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha abierto varios procesos penales por todo lo sucedido. Pese a que se intenta hacer pagar por estos crímenes, los defensores de los derechos humanos ven en Abu Ghraib solo una gota en el mar de las violaciones de derechos humanos no descubiertas.
“En todo el mundo se registran casos de secuestro, violación, asesinato, pero se abren muy pocos expedientes penales sobre estos casos”, opina Scott Horton, abogado y especialista en la ley sobre derechos humanos y ley en conflictos armados.
Ali Kinani, un menor de edad iraquí, fue asesinado a sangre fría por empleados de una de esas empresas. Su padre nunca olvidará ese día del que han pasado ya cuatro años. Ali no fue la única víctima. Aquel mismo día, decenas de civiles iraquíes fueron abatidos por el plomo de las balas de trabajadores de la compañía Blackwater.
Nadie fue castigado por lo sucedido. Y en Afganistán, los reiterados actos violentos de los contratistas incluso llegan a menoscabar los esfuerzos de las tropas estatales. Casey Thoreen, capitán del Ejército de EE. UU., dice que los militares a menudo reciben quejas sobre las acciones de los contratistas y que todos conocen a alguien asesinado por ellos.
La ONU creó un grupo para elaborar medidas internacionales y así regular la actividad de estas compañías, que fueron creadas para garantizar la seguridad y no para beneficiarse con el aumento de la violencia. José Luis Gómez del Prado, presidente del Grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios, explica: “El Gobierno estadounidense ha otorgado las funciones militares y de control de seguridad a compañías privadas. Actúan sin estar controladas. Y eso es lo que nos preocupa. Llamamos a que este [control] se haga a nivel nacional e internacional, para que estas compañías rindan cuentas de todo lo que hacen”.
Pero Washington se ha mostrado poco permeable a dejar a las instituciones internacionales regular la actividad de las compañías privadas de seguridad. Promete controlar a sus contratistas, pero su indiferencia, ya demostrada, hace pensar en si esta promesa se cumplirá algún día.
“El presidente puede meternos en un conflicto, en el cual las fuerzas militares llevarán a cabo las operaciones oficiales. Pero aquí se trata de miles de contratistas que llevan a cabo sus operaciones 'no oficiales', las que no están cubiertas por los medios de comunicación”, dice Michael O’Brien, un oficial de la administración de George W. Bush.
Retirando las tropas de Irak el presidente Obama cumple su promesa electoral. Pero numerosos soldados aún permanecen en Afganistán. Y son muchos los que piensan, que la 'privatización' de la guerra satisface a las autoridades, ya que los contratistas realizan todo lo que ellas quieren. Y mientras tanto Washington sigue sin asumir su responsabilidad por la muerte de civiles y de los propios contratistas.