El 29 de julio del 2010 entró en vigor la famosa Ley de Arizona, SB1070, que criminalizó la estancia de los inmigrantes indocumentados en el territorio del estado. Pese a las masivas críticas por parte de los defensores de derechos humanos y el bloqueo de varias regulaciones de la Ley por parte del tribunal, Arizona continúa endureciendo su posición contra los indocumentados en sus tierras.
Mientras tanto, los efectos de la aprobación de la SB1070 no son claros. Por ejemplo, el reverendo y activista local Robin Hoover dijo a EFE que "lo único que ha hecho la SB1070 es empujar fuera del estado a docenas de inmigrantes indocumentados en el justo momento cuando el estado más necesita trabajadores y personas que paguen impuestos”. También indicó, que ahora el estado enfrenta altos índices de desempleo y recortes presupuestarios.
A su vez, el banco español BBVA ha calculado que para mayo del 2011, cuando publicaron su informe, Arizona ha perdido al menos 100.000 hispanos.
Sin embargo, el analista Javier Durán, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Artes y Humanidades de la Universidad de Arizona, cree que por el momento no hay una posibilidad real de examinar los efectos económicos de la decisión de los parlamentarios estatales. Durán indica que hay que poner atención también a las circunstancias que rodean la situación actual, como la crisis financiera y el desempleo.
Jaime Farrant, representante de la organización Red de Acción Fronteriza en Arizona, se concentra en otro aspecto de los resultados de aprobación de la ley. "La SB1070 hizo mucho daño a la reputación del estado de Arizona, provocando un boicot y teniendo un impacto psicológico entre la población", comentó.
Al mismo tiempo, varios estados ya han seguido los pasos de Arizona, o piensan hacerlo en el futuro cercano. Carolina del Sur, Utah, Georgia y Alabama son unos de los territorios que se encuentran en esta lista.
Pese a que una corte distrital del estado bloqueó varias de las partes más controvertidas de la ley, como la obligación de los inmigrantes de siempre llevar consigo sus documentos, hay bastantes puntos que provocan la indignación de los activistas. Por ejemplo, con la entrada en vigor de la SB1070, transportar o albergar a un indocumentado también es un delito.
Y Arizona continúa su lucha contra la inmigración ilegal argumentando que el gobierno federal no hace bastante para combatir ese problema. La semana pasada el estado estableció un sitio web, donde recauda dinero privado para alargar el muro en su frontera con México; ya han sido donados 100.000 dólares. Además, una nueva ley de Arizona, que entró en vigor el 20 de julio, reglamentó la creación de una milicia civil bajo las órdenes de la gobernadora Jan Brewer. Su objetivo es proteger la frontera de nuevos inmigrantes ilegales.