La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, situada en Chicago, EE. UU., autorizó el lunes una demanda por tortura contra el ex ministro de Defensa del país Donald Rumsfeld.
Los demandantes son dos ciudadanos estadounidenses que trabajaban en una empresa privada de seguridad durante la guerra de Irak como informantes del FBI sobre la corrupción en dicha compañía. Los dos pasaron varios meses en prisión, fueron torturados y posteriormente liberados, sin que se les presentaran ningún cargo.
La demanda por tortura contra Rumsfeld, quien, según afirman los demandantes, autorizó el uso de métodos violentos en los interrogatorios durante la guerra en Irak, ya fue reconocida anteriormente como legal por el juez federal James Gwin. Entonces se trataba de una demanda presentada por un ciudadano norteamericano que también trabajaba en una empresa de seguridad privada en Irak. Este fue detenido por soldados estadounidenses y llevado a una base militar cerca de Bagdad donde permaneció durante largo tiempo siendo torturado, sin que sus familiares supieran nada sobre su destino hasta que fue liberado en 2006.
Este lunes el juez David Hamilton ha confirmado que "la imposición deliberada de tal tratamiento a ciudadanos estadounidenses, incluso en zona de guerra, es inconstitucional".
Por su parte, David Rivkin, uno de los abogados del ex jefe del Pentágono, señaló que "tener jueces que saquen conjeturas sobre decisiones tomadas por las Fuerzas Armadas a medio mundo de distancia no es manera de dirigir una guerra".