Una bloguera egipcia, acusada por criticar a la junta militar en las redes sociales
La Fiscalía Militar de Egipto interrogó a Asmaa Mahfouz, una conocida ciberactivista egipcia, acusada de difamar en las redes sociales al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, la junta militar egipcia que gobierna al país desde el derrocamiento de Hosni Mubarak en febrero.
Mahfouz, una de las líderes del cibermovimiento que expulsó del poder a Mubarak tras masivas protestas populares, fue interrogada durante cuatro horas por haber hablado de forma negativa y crítica del gobernante Consejo Supremo Militar en Facebook y Twitter, lo que fue calificado por el tribunal como una difamación.
Luego la activista fue liberada bajo fianza de 20.000 libras egipcias (unos 3.300 dólares), hasta que sea fijada la fecha del comienzo de su juicio ante un tribunal militar. El abogado de Mahfouz señaló que ella "no escribió ciertas expresiones de las que le fueron atribuidas en Twitter; desconocidos lograron utilizar ilegalmente su cuenta para escribirlas".
El presidente de la Justicia Militar, Mahmud Cursi, inculpó a Asmaa Mahfouz de haber "superado los límites de la libertad de expresión". Él agregó que "no habrá ninguna tolerancia ante los insultos lanzados contra las Fuerzas Armadas" ya que dicha "difamación" es considerada por la ley como una ofensa. Declaró que los autores de tales afirmaciones serían llevados ante la justicia.
Asmaa Mahfouz, de 26 años, podría convertirse en una más de los 10.000 civiles que han sido o están siendo juzgados en los tribunales militares del país (cifra calculada por las organizaciones de derechos humanos). Sigue siendo extraño, como señalan algunos medios, que los jefes de las Fuerzas Armadas egipcias procesen a los jóvenes participantes de la revolución de Tahrir ante los tribunales militares, cuando los destituidos responsables del régimen de Mubarak están siendo juzgados por la justicia ordinaria. A Mahrouz le respaldó Mohamed el-Baradei, el ex director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), diciendo que la persecución de los activistas jóvenes realizada por los militares es una "farsa jurídica".