El ex mandatario colombiano Álvaro Uribe ha comparecido ante la Cámara de Representantes donde se investiga el escándalo de las escuchas y seguimientos ilegales durante gran parte de sus dos presidencias.
El ex líder fue denunciado por víctimas de estas supuestas prácticas ilegales, entre ellas periodistas y políticos. Sin embargo, Uribe ya rechazó toda responsabilidad en dichos actos.
Uribe, que gobernó entre 2002 y 2010, calificó de "venganza criminal" las acusaciones interpuestas, que incluyen también el abuso de poder o el intento de desacreditar a la Corte Suprema de Justicia.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que duró varias horas, el ex mandatario explicó en qué consistió su interacción con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la agencia de inteligencia del Estado.
Entre las víctimas del escándalo de escuchas y seguimientos está la ex senadora Piedad Córdoba, a la que Uribe acusó de gozar del apoyo financiero del presidente venezolano Hugo Chávez.
El ex mandatario explicó que lo que hizo fue sólo pedir información al DAS de Piedad Córdoba porque creía que que estaba relacionada con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Córdoba anteriormente admitió haber recibido apoyo económico de una campaña multinacional del grupo de Petróleos de Venezuela S.A. para la campaña que ella mantenía entonces a favor de la puesta en libertad de rehenes de las FARC.
Uribe también desmintió que conociera la vinculación de militares con asesinos de sindicalistas de la minera estadounidense Drummond, que opera en el departamento colombiano de Cesar.
Insistió en que durante su gobierno se protegió a los sindicalistas y se logró que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sacara a Colombia de la lista negra por nivel de violencia contra los trabajadores.
Asimismo denunció que él también fue interceptado, y que estas interceptaciones "no han sido investigadas y han sido despreciadas" por la justicia.
Uribe defendió casi uno a uno a sus ex colaboradores, incluidos los que están encarcelados, como el entonces secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, sobre la que pesa una orden de busca y captura y que se encuentra asilada en Panamá.