El Gobierno de EE. UU. suspenderá de manera temporal la deportación de inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Así lo informó el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) en la página web de la Casa Blanca.
Este cambio en la política migratoria, según se precisa, se realiza con el objetivo de optimizar los fondos para que el dinero se destine a garantizar la seguridad nacional.
"(El DHS) está fortaleciendo su capacidad para ubicar criminales, asegurándose de que no dedicará recursos a la deportación de personas que son de baja prioridad para ser deportadas", señala el mensaje. "No tiene sentido gastar nuestros recursos en estos casos de baja prioridad cuando podrían ser utilizados con mayor impacto en otros, incluyendo individuos que han sido sentenciados por crímenes serios", añade.
Las personas que forman el grupo considerado de "baja prioridad" son los niños, ex militares y los cónyuges de inmigrantes alistados en las Fuerzas Armadas.
La modificación de los criterios de deportación fue bien recibida por la comunidad hispana. Según el senador Robert Menéndez, miembro del grupo de legisladores hispanos en el Congreso, la medida es "un importante paso en la decisión correcta".
Según el abogado de inmigración Nelson Castillo, la medida beneficiaría sobre todo a aquellos inmigrantes con historial limpio, entre ellos a miles de jóvenes estudiantes. Pero el analista cree que lo que necesita el país es “una ley de inmigración compresiva”, ya que -según él- a estas personas no se les concede un estatus migratorio y “no saben cuando van a ser llamadas a la corte de inmigración que sigue sus casos”.
El Gobierno de Barack Obama ha retomado recientemente sus llamamientos al Partido republicano para aprobar una reforma migratoria, una de las promesas cruciales de la campaña presidencial del actual mandatario. Sin embargo, los republicanos siguen oponiéndose a una iniciativa que podría dejar vía libre a la ciudadanía a unos 12 millones de indocumentados.