El ex presidente colombiano Álvaro Uribe expresó su indignación por un artículo publicado en el diario 'Washington Post' que revela la implicación de la ayuda financiera estadounidense en graves abusos de poder del Gobierno colombiano, realizados bajo el disfraz de la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico en el país.
El artículo, publicado este fin de semana, ya generó una enconada polémica en Colombia. Según las revelaciones del diario estadounidense, el dinero, los equipos y el entrenamiento aportados por Estados Unidos "se usaron para llevar a cabo operaciones de espionaje y campañas de difamación contra magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, opositores del presidente Uribe y otros grupos de la sociedad civil".
Estas revelaciones fueron obtenidas durante una investigación al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), realizada por parte de la Procuraduría General de Colombia. No obstante, según precisa el diario, los funcionarios estadounidenses niegan haber tenido conocimiento y haber estado involucrados en acciones ilegales cometidas por el DAS.
A juicio del periodista y consultor en comunicaciones estratégicas y políticas colombiano, Ramón Jimeno, "en esas circunstancias los intereses de EE. UU. de tener a un aliado que los protege, acompaña y acolita en todas sus acciones priman sobre los intereses de los estados". "Entonces es muy probable que EE. UU. no confirme que dude o que crea que el gobierno de Uribe utilizó mal esa ayuda. O si lo hace —prosigue el experto— no va a responsabilizar al presidente Uribe porque son leales con sus amigos".
El ex presidente, por su parte, expresó mediante un comunicado en Twitter que la publicación "manipula los hechos y distorsiona la realidad" y aseguró que durante su gobierno "nunca ordenó ninguna medida contra los miembros de la Corte Suprema o cualquier acción en contra de la ley".
Este informe aparece justo cuando el ex mandatario comparece ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde se investiga el escándalo de los seguimientos ilegales y escuchas telefónicas que afectaron a magistrados, periodistas y opositores de su Gobierno durante gran parte de sus dos mandatos.