Miles de chilenos se preparan para participar en un paro nacional de 48 horas para reclamar cambios en el ámbito político, social, laboral y educativo en el país. Actualmente el Gobierno está analizando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado para mantener el orden en las calles durante estas dos jornadas.
El paro fue convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la principal organización sindical del país, y 80 organizaciones estudiantiles y sociales. El paro afectará al funcionamiento del transporte público, de los hospitales y de los aeropuertos, entre otros sectores vitales. Entre los principales reclamos de la CUT figuran una reforma del sistema tributario, un nuevo código laboral y mayores recursos para la sanidad y la educación pública en el país.
En vísperas del paro, el Gobierno chileno estudia la posibilidad de aplicar una severa ley de seguridad del Estado contra los que alteren el orden. La norma establece duras sanciones para quienes “inciten o induzcan a la subversión del orden público”.
La cuestión de la aplicación de esta ley ha provocado fuertes debates en la sociedad chilena. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, consideró que aplicarla sería “un error gravísimo”. “Está claro que este no es el momento de reprimir manifestaciones”, declaró Insulza.
En los últimos meses Chile ha sido el escenario de manifestaciones estudiantiles para exigir una reforma de la educación. Desde mediados de mayo por todo el país se celebraron muchos actos de protesta, algunos de los cuales desembocaron en enfrentamientos con la policía y destrozos del mobiliario urbano por ciertos grupos radicales minoritarios.